16.04.10
Representantes de los afectados por las operaciones de Texaco entregaron esta tarde a la Fiscalía evidencias sobre los actos de corrupción de Chevron y solicitaron una investigación exhaustiva a fin de esclarecer los hechos para comprobar o desmentir las afirmaciones realizadas por el señor Diego Borja, un ex contratista de Chevron y uno de los principales testaferros de los actos de corrupción de la petrolera con el fin de afectar directamente al juicio por daños ambientales que se ventila en la Corte Provincial de Sucumbíos.
En el escrito los demandantes solicitaron a la fiscalía, entre otras cosas, las siguientes diligencias:
1. Que se solicite a todas las notarias del cantón Quito remitan copias certificadas de todos y cada uno de los documentos, sean estos contratos de cualquier naturaleza, actas o declaraciones juramentadas, que haya realizado el señor Diego Borja o la señora Sara Portilla, desde el año 2003 hasta la actualidad.
2. Que se solicite a la Superintendencia de Compañías indique y certifique el nombre de todas y cada una de las compañías que se han creado desde el año 2003 hasta la actualidad, en las cuales es socio, accionista, apoderado o representante legal el señor Diego Borja o la señora Sara Portilla. Igualmente al Registro Mercantil de la ciudad de Quito quien debe además entregar toda la información relacionada con la compañía o empresa INTERINTEL.
3. Que se solicite al Organismo de Acreditación Ecuatoriana, quien deberá certificar si se encuentra registrado en el Ecuador, sea como laboratorio independiente o como una sucursal, los laboratorios Severn Trent Labs (STL)
4. Que se llame a declarar a los señores Santiago Escobar (quien grabó los audios), Sara Portilla y Diego Borja.
Para sostener sus peticiones los demandantes entregaron la transcripción de un disco compacto que contiene 26 fragmentos de audio. En cada uno de los fragmentos constan las voces de los señores Diego Borja y Santiago Escobar. Según la versión del señor Santiago Escobar, quien dice que desde el mes de septiembre del año 2009 está viviendo en la ciudad de Toronto, República de Canadá, lugar donde habría realizado las grabaciones.
Adicionalmente entregaron varias páginas de información que contienen mensajes producidos mediante el sistema de chat, entre el señor Diego Borja y el señor Santiago Escobar.
Diego Borja, quien trabajó para la empresa Chevron, antes Texaco, fue quien filmó los videos que luego fueron utilizados por Chevron para denunciar un supuesto intento de soborno al juez Juan Núñez y que motivó su retiro del caso, lo cual provocó una demora importante del proceso judicial. “Las afirmaciones realizadas por el señor Diego Borja, no son más que una larga cadena de hechos y actos de corrupción cometidos por el mismo ciudadano, así como por la empresa Chevron Texaco y otros ciudadanos vinculados con dicha empresa”, dijo Luis Yanza, Coordinador de la Asamblea de Afectados por Texaco, quien firmó el pedido a la Fiscalía.
Por su parte, Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, exhortó la fiscalía que investigue estos hechos de corrupción cometidos por Chevron con absoluta imparcialidad, sin temor e influencias de ninguna naturaleza, a fin de que se descubra la verdad y se sancione a los responsables de los delitos cometidos.
A continuación van la carta entregada a la fiscalía y un resumen de la investigación realizada.
SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO (UNIDAD DE INDAGACIONES PREVIAS E INSTRUCCIONES FISCALES)
LUIS FRANCISCO YANZA, y PABLO FAJARDO MENDOZA.- En calidad de Coordinador de los afectados por las operaciones de Texaco en la Amazonía Ecuatoriana; y, representante legal de los mismos respectivamente, comparecemos ante usted dentro de la indagación previa No. 107-2009 DRR, que se tramita en ésta dependencia y decimos:
Como es de conocimiento público, el día 31 de Agosto del 2009, la empresa Chevron Corporation, presentó ante la opinión pública de los Estados Unidos y del Ecuador, una serie de grabaciones de video en las cuales se podía observar al Dr. Juan Núñez, ex Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, así como a otras personas supuestamente vinculadas con el actual Gobierno Nacional. Las personas que grabaron estos videos, Diego Borja y Wayne Hansen, fueron descritos por los voceros de la empresa Chevron Corporation como dos exitosos empresarios vinculados con el área de remediación ambiental.
Como producto de ese escándalo se iniciaron varias acciones legales, tanto en el Ecuador como en los Estados Unidos de Norteamérica. Una de esas acciones legales es, precisamente, la presente indagación previa.
Los pobladores de la Amazonía ecuatoriana son los actores en un juicio por daños ambientales en contra de Chevron, que desde hace siete años viene ventilándose en la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. Por mandato de la ley, el juez competente para llevar el caso era el Dr. Juan Núñez Sanabria, entonces presidente de dicha Corte. No obstante, el juez Núñez Sanabria se separó del juicio hasta que su rol en la controversia de los videos fuera investigado, la cual causó una serie de problemas y demoras dentro del proceso judicial.
Lo anterior demuestra que este tipo de hechos y controversias tienen el potencial de afectar profundamente los derechos de los demandantes. Esto justifica nuestro interés en este proceso, dada la representación que tenemos de los afectados por las operaciones de Texaco, hoy Chevron Corporation.
Adjunto al presente sírvase trescientas sesenta y cuatro (364), páginas, en las cuales consta la transcripción de un disco compacto que contiene 26 fragmentos de audio. En cada uno de los fragmentos constan las voces de los señores Diego Borja y Santiago Escobar. Estas grabaciones provienen del mismo Santiago Escobar, viejo conocido de Diego Borja, residente de la ciudad de Toronto, Canadá, lugar donde habría realizado las grabaciones.
Adicionalmente sírvase encontrar treinta fojas de información, en las mismas que encontrará transcripciones de conversaciones en “chat”, utilizando la plataforma MSN Messenger, entre los mismos señores Diego Borja y Santiago Escobar.
Una gran parte de la información que presento ante usted resulta es irrelevante. Evidentemente, confío en que su unidad sabrá realizar un análisis profundo de los mismos. No obstante, existe información que, a mi juicio, no puede dejar de ser verificada e investigada por la Fiscalía General del Estado.
A continuación, me permito detallar brevemente estos puntos que estimo indispensables para la determinación de la existencia de delitos que han afectado, y podrán seguirlo haciendo al Estado Ecuatoriano, y más profundamente, a los pobladores de la Amazonía Ecuatoriana
TRANSCRIPCION DEL AUDIO DOS.
En la página 12, el señor Diego Borja afirma que fue él quien escribió una suerte de libreto, que sería recitado al pie de la letra por Wayne Hansen, el otro creador de los videos: “Claro, pero el man estuvo en dos... el man no tiene idea de nada, huevón. O sea, el man... el man... ¿tú, tú viste que en los videos el man tenía un librito amarillo? En ese librito amarillo yo le escribí todo lo que tenía que decir. El man lo que hacía era leer, huevón.
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO CUATRO.
1. En la página 3 de la transcripción del audio o fragmento 4, el señor Diego Borja afirma que tiene un par de documentos notariados. Textualmente dice: Oye, ¿sabes que tengo un escrito notariado de lo que… de una cosa? O sea, el irme al otro lado, ¿no es cierto?, es lo único que...¿quién... quién... a quién le interesaría que me pase algo malo?, ¿a los...?
2. En la página 8 de la transcripción del audio No. 4, el señor Borja afirma que tiene correos electrónicos y otro tipo de documentos. Textualmente dice: “No, no conocimiento de causa; tengo los mails, tengo un montón de cosas”.
3. Seguidamente en la página 9 afirma: ¿Piensas que me iba a lanzar al agua sin eso? Me traje todo, tengo todo en mi iPhone, loco.
4. Sólo pocas líneas más abajo, en la misma página, afirma: “ Claro, sí están. Y tengo también copias en Ecuador, en... tengo una copia aquí. Son, ¡puta!, tengo correos que hablan cosas que no tienes ni idea, huevón. O sea, cosas que...
5. En la parte final de la página nueve, Borja afirma que: “O sea, yo lo que tengo son pruebas contundentes, fotos de cómo se manejaban las cosa internamente. Entonces, cuando yo llegué a proponer lo del... o sea, cuando les dije: “Miren, esto.”
6. Según el señor Diego, Borja, además de él mismo tener una copia guardada de esa información; él afirma que en el Ecuador también existen dos personas de absoluta confianza del señor Borja, a quienes les ha entregado la información. Textualmente afirma: “Es que así le digo, a la Porta. Y en Ecuador tengo también dos personas que tienen aparte... de confianza, de reconfianza”.
7. En la página 12 y 13, el señor Borja habla de la creación de empresas en el Ecuador. Da a entender que esas empresas fueron creadas por pedido de Chevron. Concretamente el señor Borja afirma: “Entonces yo les digo: “Ustedes saben que yo he trabajado haciendo...” “¿Ustedes saben por qué se creó mi empresa?”, para comenzar. O sea, ¿quién creó?, quién la creó?, ¿quiénes fueron los que...? O sea, es que de tanta cosa, loco, [Unintelligible]. Entonces, ahí es cuando se quedan así [riendo], “y entonces vengo a ayudarles, ustedes saben, porque yo soy su... yo soy su amigo”.
8. En la página 13, el señor Borja afirma que en el expediente del juicio de lago Agrio, es decir el juicio No. 002-2003, existe su firma en todos los informes periciales de los peritos propuestos por la petrolera Chevron, desde el año 2004. El afirma: “Te voy a dar una... te voy a dar una flecha, verás. Imagínate que dentro de la corte en Lago Agrio [11:19], está mi firma en todos los documentos de las pruebas y no se... y ni siquiera se han dado cuenta. Ellos dicen que yo recién he trabajado como... como para las últimas [Unintelligible] inspecciones, mientras mi firma está en todos los documentos desde el 2004, ¿cachas? Si estuviera el juez leído, hubiera visto todas mis firmas ahí. Nunca se dio cuenta. Solo, o sea, cosas así y cosas malas”.
TRANSCRIPCION AUDIO SEIS
1. En las páginas 4 y 5 del audio seis, el señor Borja afirma que viajó a Miami, en el mes de Abril, a dialogar con sus jefes. “Solo... para doc... ¿por qué?, ¿para qué?, porque para documentar que vine y para que... porque si es que algo pasaba cuando yo llegue y haga eso, yo pueda decir: “Yo en abril vine ya para planificar todo esto con la compañía, y tengo la... tengo todo eso... tengo todas esas entradas y salidas”, ¿cachas? Eso no saben ellos, por ejemplo.
2. En la Página seis, del audio seis, el señor Borja afirma: “O sea, se les escapan como... a ver, ¿como qué te digo? A ver, te voy a contar algo, a ver... a ver, a ver; ¿como qué...? Déjame ver una parte que no sea tan hija de puta para que... me vayan a estar grabando o algo. ¡Eh! Por darte un ejemplo, o sea… lo, los demandantes tienen un laboratorio donde analizaron sus muestras, ¿no es cierto? Chevron siempre se mantuvo, se supone, que independiente, y mandó a analizar los análisis acá, se supone, ¿no es cierto? Yo se que no es verdad. El señor Santiago Escobar, le pregunta: ¿Y dónde mandaron a analizar? El señor Diego Borja, responde diciendo, que las muestras fueron analizadas en un laboratorio de propiedad de Chevron.
3. En la página 8, del audio seis, el señor Diego Borja, afirma, que Chevron le pagaba a él por medio de su compañía INTERINTEL. Concretamente dice: “Claro. Y me... y... o sea, te hablo de que me pagaban por medio de mi compañía, ¿no es cierto?, por mi compañía que tengo ahorita, que se llama INTERINTEL”.
4. En la misma página Borja dice: “Pero esa es una de las cuatro que he hecho. O sea [riendo]... o sea,¿sí me cachas? Yo he hecho compañías... yo he hecho compañías para ellos, gordo. O sea, ¡puta!, [Unintelligible], es que no puedo ya. Me dan ganas de decirte todo pero si estuvieras en persona te contara todo, porque me da foca aquí, huevón.
TRANSCRIPCION DEL AUDIO OCHO
1. El señor Diego Borja afirma en la página 5 del audio 8, que a través de una persona, cuyo apodo, es “el Muerto”, pueden sacar información desde la Fiscalía, para ayudar a la empresa Chevron. El señor Borja dice: “Verás, ahora estaba pensando también... vamos... podemos movernos por ese lado y también podemos movernos por el... tú cachas el amigo del... el amigo del Muerto, este que trabaja en la fiscalía, ¿no?, ¿porque sabes lo que me interesa?; ahorita que estaba pensando en la fiscalía es que podemos también sacar... sacar cosas ahorita, ¿sí me entiendes? O sea, cosas que ayuden a la compañía que pueden ser pagadas inmediatamente, ¿cachas? La persona, que trabaja en la Fiscalía es gran amigo, del sujeto apodado el muerto, está en deuda con el señor Borja, y posiblemente trabaja también en la INTERPOL.
TRANSCRIPCIÓN AUDIO ONCE
1. En la página seis de la transcripción, el señor Borja asegura que estuvo trabajando en Chevron desde el año 2004, además que fue él quien arrendó la casa donde funcionaría el laboratorio que utilizó Texaco para el análisis de las muestras de sus peritos. Borja dice: O sea, eso no es verdad. Yo estoy desde que… o sea, quien contrató inclusive hasta la casa donde se iban a hacer los análisis fui yo, ¿cachas?, desde el 2004.
2. En las páginas siete y ocho, del mismo fragmento once, Borja asegura que su tío es el representante de Chevron en el Ecuador, antes Texaco por más de treinta años. Textualmente dice: “El problema… afectaría en que ellos están tratando de establecer una relación, ¿cachas? O sea, ellos dicen, por ejemplo, que tengo un pariente trabajando ahí. Claro, mi tío es el representante legal de la compañía, ¿cachas? Ellos están… ellos están tratando de establecer relación conmigo y por qué mi familia tiene, como dicen, “long ties with the company”, o sea, largas líneas con la compañía. Entonces ellos han dicho: “¡Ay!, que tiene un primo trabajando ahí”. Ni siquiera es primo, es mi tío, loco, ¿cachas?, que el man trabaja 30 años ahí. Es el representante legal para la compra y venta de crudo de Chevron. O sea, ellos no saben que, ¡puta!, hasta mi esposa trabajó cuatro años ahí, ¿cachas? O sea, cosa locazas que nos podrían cagar.
Como usted se dará cuenta señor Fiscal, existen diversas afirmaciones realizadas por el señor Diego Borja, quien ha trabajado para la empresa Chevron, antes Texaco, y fue quien filmó los videos que tanto daño le han hecho al Estado ecuatoriano.
Las afirmaciones realizadas por el señor Diego Borja, no son más que una larga cadena de hechos y actos de corrupción cometidos por el mismo ciudadano, así como por la empresa Chevron Texaco y otros ciudadanos vinculados con dicha empresa; por ende es necesario que usted disponga se realicen todas y cada una de las diligencias a fin de esclarecer los hechos y comprobar o desmentir las afirmaciones realizadas por el señor Diego Borja.
PETICIÓN.-
1. Se remita atento oficio a todas las notarias del cantón Quito, a quienes se les solicitará que remitan copias certificadas de todos y cada uno de los documentos; sean éstos contratos de cualquier naturaleza, actas o declaraciones juramentadas, que haya realizado el señor Diego Borja o la señora Sara Portilla, desde el año 2003 hasta la actualidad.
2. Se remita atento oficio a la Superintendencia de Compañías, a quien le solicitará que indique y se certifique el nombre de todas y cada una de las compañías que se han creado desde el año 2003 hasta la actualidad, en las cuales es socio, accionista, apoderado o representante legal el señor Diego Borja o la señora Sara Portilla. Además se deberá solicitar que se remita hasta ésta fiscalía, copia de toda la información existente, de cada una de las compañías o empresas que se han creado, sobre las que son partícipes una o las dos personas antes mencionadas.
3. Se remita atento oficio al Registrador Mercantil de la ciudad de Quito, a quien se le solicitará que documentadamente informe sobre todas las inscripciones que se encuentran registradas en su dependencia desde el año 2003 hasta la actualidad, de la cual son partícipes el señor Diego Borja o la señora Sara Portilla.
4. Se deberá oficiar al Registro Mercantil de la ciudad de Quito, para que remita a esta fiscalía toda la información relacionada con la compañía o empresa INTERINTEL.
5. Se remita atento oficio al Organismo de Acreditación Ecuatoriana, quien deberá certificar si se encuentra registrado en el Ecuador, sea como laboratorio independiente o como una sucursal, el laboratorio Severn Trent Labs (STL). En caso de existir dicho registro, se remita hasta la Fiscalía General del Estado copia de toda la información existente.
6. Al mismo organismo de Acreditación Ecuatoriana se deberá remitir un oficio, solicitándole que remita copia de toda la infamación existente relacionada con el laboratorio ANNCY, ubicado en la ciudad de Quito.
7. Se remita atento oficio las 36 sucursales del laboratorio de análisis de Test American Inc. (2007) antiguamente Severn Trent Laboratories Inc, cuyo domicilio está ubicado en distintos Estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Oportunamente estaremos facilitando las direcciones de cada una de las sucursales de dicho laboratorio), a cuyo laboratorio se le solicitará que remita hasta ésta Fiscalía, toda la información referente a contratos, acuerdos o convenios celebrados entre dicho laboratorio y Chevron Corporation, durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
8. De usted considerarlo, también deberá llamar a rendir sus versiones los señores: Santiago Escobar, Sara Portilla y Diego Borja.
9. Usted señor Fiscal, se servirá ordenar el cumplimiento de todas y cada una de las diligencias necesarias a fin de esclarecer todos los delitos vinculados con el presente caso.
ANEXOS, sírvase encontrar, en nueve fojas, el resumen del informe del investigador Grant Fine. En 31 fojas encontrará los mensajes de Chat; en 364 fojas, las transcripciones de todos los audios, que también los adjunto en un disco compacto.
Futuras notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial 4822 de ésta ciudad de Quito.
Por ser legal Dígnese atender conforme lo solicito.
Sr. Luis Yanza Angamarca Ab. Pablo Fajardo Mendoza
COORDINADOR AFECTADOS POR REG. MAT. 042 CAS
OPERACIONES DE TEXACO
************************************
INFORME DE INVESTIGACION
Por Grant W. Fine, Esq.
Fine and Associates, Inc.
Abril 5, 2010
I. Resumen
Hemos obtenido aproximadamente seis horas de conversaciones grabadas y 25 páginas de copias impresas de los chats en línea entre Diego Borja, ex contratista de Chevron que llevó a cabo las grabaciones en video secretas de un juez encargado del juicio ambiental en Lago Agrio (Aguinda v. ChevronTexaco), y un ecuatoriano de 32 años de edad, Santiago Escobar.
Todas las grabaciones y las conversaciones de chat son en español. Éstas han sido transcritas y traducidas por un intérprete certificado por la Corte Federal EE.UU. He puesto a disposición de los demandantes las transcripciones completas de las cintas y las charlas en línea, así como todos los documentos judiciales pertinentes.
Las grabaciones y las transcripciones tienen múltiples indicios de autenticidad. No hay signos de edición o manipulación. La voz y los gestos de Borja son similares a los exhibidos por él en los videos realizados en Ecuador y hechos públicos por Chevron a través de YouTube el 31 de agosto de 2009. Además, hemos corroborado una serie de hechos afirmados por Borja en las conversaciones grabadas, que eran desconocidos por nosotros. Por ejemplo, Borja dice en las grabaciones que su firma se puede encontrar en el expediente judicial de Aguinda en Lago Agrio y que ésta se remonta al 2004, a pesar de la afirmación de Chevron de que sólo trabajó recientemente para la compañía. Al analizar el expediente judicial en su totalidad, encontramos numerosos ejemplos de la firma de Borja que se remontan a ese año. Hemos sido capaces de
empatar su firma con la firma que aparece en la declaración que Borja presentó (el 7 de diciembre de 2009) en relación con los videos.
Otra prueba de la autenticidad de estas conversaciones se encuentra en la referencia que hace Borja a la línea telefónica de su esposa, a quien identificó como Sara Portilla. Se realizó la búsqueda de cuentas de teléfono que aparecen a nombre de Sara Portilla en la bahía de San Francisco y sólo se encontró una cuenta activa, que figuraba bajo este nombre. La cuenta fue inscrita en una dirección en San Ramon, CA (la misma ciudad en la que la sede de Chevron se encuentra). El número de teléfono asociado a esta dirección coincide con el número proporcionado a Escobar por Borja en una sesión de chat el 7 de octubre de 2009.
Escobar ahora vive en Canadá. Grabó las conversaciones mientras hablaba con Borja a través de Skype, entre los meses de agosto a octubre de 2009. Las sesiones de chat se llevaron a cabo a través del MSN y se guardaron automáticamente a través del programa de MSN.
Borja generalmente habla libremente en las conversaciones y no parece sospechar que estaba siendo grabado.
Las conversaciones grabadas contienen un número de admisiones en relación con actos incorrectos realizados por Borja y Chevron. Las grabaciones socavan enteramente la noción de que Borja hizo los videos, por razones de deber cívico, como Chevron había afirmado en su comunicado de prensa del 31 de agosto de 2009. También plantean serias dudas acerca de la credibilidad de Borja.
Las grabaciones contienen los siguientes puntos sobresalientes, la mayoría de los cuales no fueron revelados por Chevron cuando hizo públicos los videos:
En la primera conversación grabada, Borja dice a Escobar, riendo, "El crimen paga." (Transcripción 1, 1 de octubre 2009 p. 6)
II. Lo que Borja Dice
Relación entre Borja y Chevron
Borja afirmó que su esposa, Sara Portilla, trabajó para Chevron (como contratista) por cuatro años y que los demandantes no saben de ello. Dijo que trabajó en la misma oficina que Borja, en el edificio Borja-Páez en Quito donde también se encuentra ubicado el equipo legal de Chevron. El tío de Borja es propietario del edificio y ha trabajado para Chevron por más de 30 años. (Transcripción 11, 1 de octubre 2009 pp. 7-8)
También descubrimos documentos de cadena de custodia presentados en la Corte de Lago Agrio que muestran que Borja y Portilla son representantes de Severn Trent Labs, un laboratorio de EE.UU. que Chevron describió como "independiente" para analizar sus muestras de contaminación. Los documentos de cadena de custodia señalan cómo las muestras se trasladaron desde el sitio de contaminación al laboratorio de análisis.
Borja afirmó que ha trabajado para Chevron por años. En un momento dado, dijo que durante los últimos cinco años (desde el 2004). En otra ocasión, él dijo que había trabajado para Chevron, de una u otra manera, desde los 24 años (hace aproximadamente nueve años). Borja le dijo a Escobar que su firma se puede encontrar en documentos en el expediente de la Corte de Lago Agrio que remontan a los comienzos de su trabajo para Chevron. Él dijo que los demandantes no tenían conocimiento acerca de ello. También dijo que cuando Chevron afirmó que él sólo había trabajado en los últimas ocho inspecciones, él sabía que eso no era cierto. (Transcripción 11, 1 de octubre 2009 p. 6-8; Transcripción 4, 1 de octubre 2009 p. 13)
Desde el principio de su relación con la empresa petrolera, Borja afirmó que ha recibido direcciones de personal de Chevron en los Estados Unidos y de la oficina para operaciones en Latino América en Miami. Un gerente de Chevron (cuyo nombre no se menciona) de la oficina de Miami lo contrató. Dijo que ha trabajado como contratista directo de Chevron (EE.UU.). Chevron le pagó a través de su empresa, Interintelg, SA; Borja nunca mencionó los nombres de sus jefes, y se refería a ellos solamente como mis jefes. (Transcripción 6, 1 de octubre 2009 pp. 7-8; Transcripción 2, 1 de octubre 2009, pp. 2-3;)
Borja dijo que formó cuatro empresas para Chevron a fin de hacer que el trabajo realizado por él pareciese independiente de la compañía petrolera. Da a entender que Chevron controlaba estas empresas. (Transcripción 4, 1 de octubre 2009 pp. 12-13; Transcripción 6, 1 de octubre 2009 p. 9)
Sonando enojado, Borja dijo que Chevron no podía obligarlo a declarar. " les dije, ... si es que me siento engañado, ¡se cagan!" …. yo sé dónde están las oficinas de los principales... es aquí, 40 minutos de mi... de donde yo vivo. A 45 minutos es la oficina de la [Unintelligible], entonces simplemente yo llego, timbro y todo el mundo sabe quién soy. Me siento y les digo: “A ver, esta es la realidad”. Y se friega el chiste, loco; ¿cachas?... Les cago; dos segundos [Unintelligible]. O sea, lo que ellos... lo que yo le estoy tratando de explicar a ellos es que yo tengo también... no sé cuánto decir, pero tengo hasta cierta paciencia, ¿cachas? (Transcripción 5, 1 de octubre 2009 pp. 4-5, 11)
Borja describe a Chevron como una sofisticada operación con "gente inteligente" que " Tienen todas las herramientas del mundo para irse atrás de toda la gente, ¿cachas?,.... Porque estos manes, una vez que se acabe el juicio van atrás de todo el mundo que le estuvo diciendo cosas, ¿cachas?? "(Transcripción 24, 15 de octubre 2009 pp. 4-5; Transcripción 25, 18 de octubre 2009 pp . 1-10)
Evidencia Incriminante
Al hablar de la trayectoria del juicio, después de la sentencia, en los EE.UU., Borja dijo que si el juez de EE.UU. (que permitió que el caso sea trasladado de una Corte de los EE.UU. al Ecuador en el 2002) se enterase de lo que realmente sucedió en Ecuador, Chevron no tendría ningún caso en los Estados Unidos. En una posible referencia a la Ley de Prácticas de Corrupción en el extranjero, Borja dijo: ".... Si es que el juez de aquí se entera de que la compañía hizo cosas chuecas, dijera:" Mejor mañana cerrémosles las cosas,” ¿Cachas?" (Transcripción 6, 1 de octubre 2009 pp. 10-11)
Borja dijo que tiene pruebas de que el laboratorio utilizado por Chevron para analizar la contaminación no era independiente. "Chevron siempre mantuvo, se supone, que independiente, y mandó a analizar los análisis acá, se supone ... Pero yo sé que no es verdad ... Yo tengo las pruebas de que [ los laboratorios ] más que vinculados, eran de ellos". Él declaró que, a partir del 2004, fue la persona que firmó el contrato de alquiler de la casa donde el laboratorio ("independiente") de Chevron analizaba las muestras de contaminación. (Transcripción 6, 1 de octubre 2009 pp. 6 - 8; Transcripción 11, 1 de octubre 2009, p. 6)
Escobar también me dijo que Borja le dijo que él y su esposa almacenaban las muestras para ser analizadas en su refrigerador en su oficina en Quito antes de enviárselas a STL. (Test America, Inc., compró STL en 2007.) Escobar indicó que como contratista de Chevron, Borja con frecuencia trabajó en los sitios de contaminación y colectó pruebas, sin embargo, él y Portilla también firmaron documentos de cadena de custodia ante la Corte en calidad de representantes de STL. Portilla los firmó como Gerente de proyecto de STL y utilizaba la dirección de correo electrónico, sportilla@stl-inc.com. Ver las firmas de Borja y Portilla en los documentos de STL.
Borja informó que él y su jefe de Chevron de EE.UU., el hombre (no nombrado) que lo contrató, lograron entrar en un laboratorio utilizado por los demandantes en el Ecuador. Ellos usaron nombres falsos para entrar. En última instancia fueron arrojados del lugar, pero Borja dijo que los demandantes nunca supieron que fue él quien había entrado en el laboratorio. Su objetivo fue el de espiar los análisis que los demandantes estaban haciendo (probablemente en las muestras de suelo). (Transcripción 11, 1 de octubre 2009 pp. 10-12)
Borja dijo que si Chevron lo engaña y " si es que me pasara algo malo, digamos, y no le dan a mi esposa lo que tiene que... lo que se supone que tiene que ser…. Hay un escrito para eso, que me... que yo inmediatamente me voy al otro lado…. tengo correos que hablan cosas que no tienes ni idea, huevón.... no puedo hablar por aquí, huevón, porque tengo miedo, pero son cosas que pueden hacer que los amazónicos ganen esto así de [chasqueando los dedos]..."(Transcripción 4, 1ro de octubre 2009 pp. 3, 7-9)
Borja señaló que cuando él llegó a los EE.UU. en junio de 2009 no sólo compartió los videos con los funcionarios de Chevron en San Ramón sino que también " les mandé los mensajes de todo lo demás que tenía también, ¿cachas? Como que “vean, yo soy de confianza por esto, por esto, por esto, por esto”…. ¿Ustedes saben por qué se creó mi empresa? ", Les recordó por qué su empresa, Interintelg, SA, se formó (a pedido de Chevron). Borja manifestó que tiene todo tipo de pruebas que demuestran " quién en verdad era yo" cuando trabajaba para Chevron en el Ecuador. (Transcripción 4, 1 de octubre 2009 pp.12-13; Transcripción 6, 1 de octubre 2009 pp. 8-10)
Videos de Soborno y Pago por Ellos
Jactándose que con los videos había “inclinado” la balanza a favor de Chevron, Borja dijo que había hecho en “…¿tres días?, ¿dos días?” Lo que Chevron no ha podido hacer en un año al obtener que el juez haya sido desestimado, aunque, como Borja reconoció en otra conversación, “no hubo soborno…. nunca hubo el cohecho..” "(Transcripción 5, 1 de octubre, 2009 pp. 1-2; Transcripción 19, 1 de octubre 2009 p. 11)
Borja dijo que podía inclinar la balanza en la otra dirección y, por esa razón, hubo alguna “gente dentro de la empresa que se opuso a que se utilicen los videos porque es demasiado... es demasiado... es demasiado poder para un individuo, ¿cacha? Borja dio a entender que Chevron se encontraba preocupado por la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero. " O sea, imagínate que hay un acto que prohíbe la corrupción para las empresas americanas en cualquier otro país, ¿no es cierto? Si es que se comprueba un acto de corrupción para la empresa americana o eso, no [Unintelligible], le cierran aquí a la empresa. "(Transcripción 5, 1 de octubre 2009 pp.1-2)
La primera vez que habló con Chevron sobre los videos, Borja dijo que esperaba estar cubierto en términos de seguridad y economía - "en todo" después de la entrega de los videos. Él les dijo: " Obviamente no les voy a pedir nada ahorita porque arruinaría la evidencia y todo”. Chevron le dijo que no se preocupara que estaba “totalmente entendido." (Transcripción de 21, 7 de octubre 2009 p. 11)
Según Borja, Chevron le dijo: " no te podemos dar plata porque... anula la evidencia .... “lo que podemos hacer es...” O sea, “tú eres nuestro Business partner”,¿cachas?. Borja continúo: " Ahora, esa palabrita involucra muchas cosas ¿no?" Cuando Escobar dijo entonces, ", el objetivo es llegar a ser un socio de los manes. O sea, ya cuando eres socio de los manes, estás hecho.", Borja respondió:" Correcto, mi perro. O sea, yo... yo ya aquí he visto cómo funciona la cosa. O sea, ya es una argolla de este porte, brother.. "(Transcripción 2, 1 de octubre 2009 p. 6)
Aunque, en un momento, Borja afirmó, que no informó a Chevron sobre las cintas de vídeo hasta junio, Borja también se refirió varias veces a otra versión de la historia en la que Chevron le dio instrucciones para hacer las grabaciones. Borja dijo: "... ... los videos son una prueba de algo que pasó pero no sabes cómo pasaron" (Transcripción 4, 1 de octubre 2009 p. 6) Más tarde, Borja dijo que si declaraba "si, ellos me mandaron” a elaborar las cintas de vídeo, él aún podía solicitar por asilo político. (Transcripción 24, 15 de octubre 2009 p. 19) Anteriormente, él escribió en el chat: " imaginate que me raye y diga que todo lo planea la compania" Cuando Escobar respondió que se podría decir que Borja fue presionado, y Chevron le prometió un "castillo en el cielo", Borja respondió: " se cagan pro que ahi si aplica la ley esa de corrupcion y les cierran las operaciones en EEUU." (9 / 15 de chat en línea) Más adelante, Borja y Escobar discutieron lo que ocurriría si Borja cambiaba su versión: " Me ofrecieron pagarme”.... todas las instrucciones vinieron de allá; yo simplemente quería ayudar y sí fui a ... O sea, tú sabes, eso es facilito, huevón. Entonces ahí se friega todo;. "(Transcripción 8, 1 de octubre 2009 p. 13)
Borja dijo que está recibiendo un estipendio mensual por parte de Chevron. Afirmó que él hacía 10.000 dólares al mes, mientras vivía en Ecuador, y dijo que Chevron le paga una cantidad que le permite vivir al mismo nivel en los Estados Unidos. Dijo que la compañía le está alquilando una casa totalmente amoblada que cuesta $ 6.000 al mes, en Berkeley (mintió acerca de la ubicación - en realidad es en San Ramón). Dijo que le pagan todos sus gastos, y que conduce un SUV Saturn. También dijo que tiene guardias de seguridad observándolo. Dijo que su casa está ubicada en una comunidad cerrada que tiene también un campo de golf. Tiene una piscina. (Transcripción 3, 1 de octubre 2009 pp. 12-15)
Borja contó sobre un viaje que hizo a los EE.UU. en abril de 2009 con el único propósito de tener el sello de entrada en su pasaporte. Explicó que necesitaba el sello de entrada como un seguro contra Chevron en caso de que ésta lo traicionara. Si Chevron se volvía contra él, explicó, usaría el sello de entrada para reforzar su afirmación de que él vino a los EE.UU. en abril y se reunió con Chevron para planificar los videos. Borja estuvo de acuerdo con Escobar cuando llamó a esto su "as bajo la manga." (Transcripción 6, 1 de octubre 2009 pp. 4-5)
Yendo Con El "Otro Lado"
Escobar fingió tener contactos en el gobierno ecuatoriano, los demandantes, y con un grupo internacional de derechos humanos que estarían interesados en comprar la información incriminatoria que Borja tenía de Chevron. Borja de inmediato manifestó interés en la idea. (Transcripción 10, 1 de octubre 2009 pp.1-18)
Después de asistir a una reunión con funcionarios de Chevron en San Ramón, Borja emitió amenazas tácitas a Escobar, indicando que Chevron es capaz de todo. Borja dijo que tenían que cancelar sus planes para recibir el pago del "otro lado" a cambio de información. "... si tú y yo pensábamos que estos son medios giles y buenas gentes, ¡olvídate, loco!... tienen fotos, nombres.... ni les digas nada, loco; te vas a meter en problemas, huevón.... es demasiado organizado y van años haciendo esto y no es reciente, ¿cachas?... Mejor abortamos… abortamos las misiones”. (Transcripción 25, 18 de octubre 2009 pp. 1.4)
Documentos Notarizados de Borja
Borja dijo que tiene documento notarizados que contienen una versión de los acontecimientos pasados que podrían ayudar a los demandantes. ".... lo que tengo son pruebas contundentes, fotos de cómo se manejaban las cosa internamente." Él tiene esta información guardada en su iPhone. Parte de la información se encuentra en forma de mensajes de correo electrónico incriminatorios. Borja dijo que su esposa sabe todo lo que tiene almacenados en su iPhone. (Transcripción 4, 1 de octubre 2009 pp. 3-9)
Dos semanas más tarde, Borja dijo, refiriéndose a los documento incriminatorios, " no es el momento para sacar eso todavía, porque todavía toda la cosa está como amistosa.." (Transcripción 24, 15 de octubre de 2009 p. 35)
Borja también dijo que tiene documento notarizados que contienen su versión actual acerca de las cintas de vídeo, que ayuda a Chevron. Dijo que podría cambiar es versión para defender sus intereses. Dijo que no está aferrado a un lado u otro, pero que está sobre todo interesado en un arreglo financiero rentable con Chevron. (Transcripción 4, 1 de octubre 2009 p. 7; Transcripción 8, 1 de octubre 2009 pp. 10-13)
En un momento, Borja dijo que se negó a firmar lo que él llamó una "affidavit" para que Chevron de a los medios de comunicación, pero que cedió cuando su abogado le dijo que " no tiene validez en cuestión de testimonio en jurado. …. Entonces yo no pierdo lo que se dice “leverage”, apalancamiento para la negociación…. Esto (el affidávit) es para el show nomás, para el show mediático”. (Transcripción 24, 15 de octubre 2009 pp. 32-33)
Más tarde Borja recordó a Escobar que pronto tendría que " dar una… aquí se llama “deposition”... En el momento que yo hago eso, ya no me puedo echar pa’ atrás, ¿sí me entiendes?" (Transcripción de 21, 7 de octubre 2009 p. 7)
Wayne Hansen
Borja describió a Wayne Hansen como un loco, varias veces refiriéndose a él como "realmente loco", y afirmando que "legalmente, en su cabeza está discapacitado." Borja afirmó también que él esencialmente escribió un guión, que Hansen leyó en las reuniones que fueron grabadas en vídeo. (Transcripción 2, 1 de octubre 2009 pp. 5, 10-13; Transcripción 12, 1 de octubre 2009 p. 1)
Borja y Escobar discutieron sobre noticias acerca de los antecedentes penales de Hansen. En una conversación de chat en línea se escribió: " ya sabíamos eso desde el principio... Colateral damage… Ha sido una fichita… Eso me deja a mi como la única fuente de información fidedigna”. (9/25 chat)
Borja dijo que Hansen "se desquició totalmente", "perdió el control" y que estaba "histérico" porque Chevron se negó a pagarle y porque " no le paran ni bola para nada, huevón.." Borja, dijo que Hansen amenazó con " abrir la boca para que bajen las acciones [no sé] cuántos puntos " si es que no le pagaban "en una semana”. (Transcripción 2, 1 de octubre 2009 p. 11; Transcripción 3, 1 de octubre 2009 p. 6)
Varios Hallazgos
Contrariamente a lo que dijo Chevron, Borja indicó que él no tenía miedo de regresar al Ecuador. Que el sólo estaba considerando solicitar asilo político porque le beneficiaría más que otras posibilidades. (Transcripción del 20, 5 de octubre 2009 pp. 7-8; Transcripción 5, 1 de octubre 2009 pp. 7-11; Transcripción 3, 1 de octubre 2009 pp. 8-9)
Chevron, dijo Borja, está planeando hacer pública otra información perjudicial para los demandantes, pero no describió la información o cuando la haría pública. (Transcripción 26, 31 de octubre 2009 pp. 31-33)
En un momento, Borja dijo que estaba aburrido y que planeaba atacar a la organización ambientalista Amazon Watch mediante la creación de una "una historia en el Internet" de los gringos "... para que no sepan qué mierda está pasando,.... tengo hecho un escrito ya" (Transcripción 2, 1 de octubre 2009 pp. 8-9)
Borja indicó que antes de mudarse a su casa en San Ramón, podía ser localizado en el número de teléfono 925-277-9292, Sala 422. Nuestra investigación reveló que este número de teléfono corresponde a un Residence Inn en San Ramon, CA. (9 / 15 de chat en línea)
Borja también utiliza un lenguaje despectivo al referirse a los indígenas ecuatorianos. Escobar le preguntó a Borja lo que estaba haciendo y Borja dijo: "Estoy viendo Televistazo .... está, está puro longo parándose contra el presidente." Utilizó el término" longo ", un insulto racial en español. (Transcripción del 20, 5 de octubre 2009 p. 1)
III. Cómo Entramos en Posesión de las Grabaciones y de las Copias Impresas de las Conversaciones de Chat.
Supimos de la existencia de estas cintas en noviembre del 2009 a través de Luiz Yanza, coordinador del Frente de Defensa de la Amazonía. Yanza informó que fue contactado por primera vez sobre las grabaciones el 17 de noviembre de 2009. El 18 de noviembre de 2009, Yanza se reunió con Escobar en Quito y este último le hizo escuchar algunos fragmentos de las grabaciones. Al día siguiente, el 19 de noviembre de 2009, Yanza y el señor Juan Pablo Sáenz escucharon algunos fragmentos adicionales.
El 23 de noviembre del 2009, me reuní con Escobar y su representante legal, Juan Montaña, en Quito. Pablo Fajardo, Yanza, y el hermano mayor de Escobar asistieron a mi primera reunión con Escobar y Montaña. El propósito principal de esta primera reunión fue establecer las reglas básicas para el traspaso de información y también discutir algunas de las preocupaciones de seguridad de Escobar.
El 23 de noviembre de 2009, me reuní a solas con Escobar y Montaña en la casa de los padres de Escobar. Una vez allí, escuchamos y debatimos las primeras dos horas de conversaciones grabadas entre Escobar y Borja. Al término de esa reunión, Escobar copió las dos horas de grabaciones en un flash drive. Luego copié los archivos de audio en el disco duro de mi computador portátil.
El 2 de diciembre de 2009, me reuní con Escobar y su esposa en su apartamento en Toronto. Revisamos las grabaciones restantes y leímos las impresiones de las conversaciones de chats en línea, que fueron realizadas en el mismo período de tiempo en el que las grabaciones fueron hechas. Al término de la entrevista, copié las grabaciones restantes y los documentos de chat en un flash drive que me dio Escobar.
Ni yo ni nadie que yo sepa dio a Escobar, o prometió a Escobar, darle algún artículo de valor a cambio de la entrega de las grabaciones. Ni yo ni nadie que yo tengo conocimiento pidió a Escobar que se ponga en contacto con Borja. Escobar dijo que nadie del gobierno ecuatoriano le solicitó que contacte a Borja y que inició el contacto por su propia iniciativa.
IV. La Fuente: Santiago Escobar
Escobar vive en Canadá con su esposa, quien recientemente aceptó un trabajo allí, como Gerente de Ventas para América Latina de una empresa alemana de refrigeradores. Se mudaron de Ecuador en julio de 2009. Escobar grabó las conversaciones entre los meses de agosto a octubre de 2009. Escobar se encontró con Borja en una discoteca de Quito en junio de 2009, y Borja le habló acerca de las cintas de vídeo. Escobar luego contactó a Borja por teléfono el 24 de agosto, una semana antes de que Chevron hiciese públicas las cintas de vídeo.
Escobar es un joven ecuatoriano interesado en política. Dijo que sus acciones relacionadas con este asunto estuvieron esencialmente fundamentadas en patriotismo. Dijo que se sintió "indignado" cuando se enteró acerca del papel de Borja en los videos publicado por Chevron. Él cree que tanto Borja como Chevron han hecho mucho daño a las personas de su país y al medio ambiente de su país.
Escobar dijo que ha conocido Borja durante aproximadamente 15 años. Ambos formaban parte del mismo grupo social.
Escobar completó dos años de jurisprudencia en el Ecuador. También completó aproximadamente 18 meses de estudio en una universidad en Inglaterra.
Escobar se encuentra al momento sin empleo. Él y su esposa viven en un apartamento en un suburbio de clase media al sur de Toronto.
Cabe señalar que durante un tiempo, Escobar estuvo involucrado activamente con el partido político Alianza País (el partido del gobierno en Ecuador). Dijo que últimamente, dejó el partido y que nunca fue un miembro registrado.
Fuente: Equipo de comunicaciones Caso Texaco
lunes, 19 de abril de 2010
jueves, 8 de abril de 2010
COMENTARIOS A LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
COMENTARIOS A LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN) DEL ECUADOR QUE DECLARA LA CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA DE LA LEY DE MINERIA (SENTENCIA 001-10-SIN-CC) 18 DE MARZO DE 2010
Mario Melo
La Corte Constitucional ha resuelto las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y por los Sistemas Comunitarios de Agua de varias parroquias y comunidades de la provincia del Azuay, en contra de la Ley de Minería vigente desde enero de 2009, a través de una sentencia compleja y contradictoria, que merece un detenido análisis.
1. La inconstitucionalidad de la ley por violación del derecho a la consulta y su perdón
Los accionantes alegaron que la aprobación de la Ley por parte de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, órgano al que los ecuatorianos denominábamos coloquialmente “congresillo” había violado la Constitución pues no se había cumplido el derecho a la consulta previa pre-legislativa, reconocido por el Artículo 57, numeral 17 de la Carta Fundamental vigente desde octubre de 2008.
En su sentencia, la Corte reconoce que la consulta previa pre-legislativa, al ser un derecho sustancial reconocido por la Constitución a favor de las nacionalidades, pueblos y comunidades, debía ser observada antes de la aprobación de una ley como la de minería, que afecta derechos indígenas. La Corte sostiene que “en circunstancias de institucionalidad regular u ordinaria, la consulta pre-legislativa constituye un requisito previo sine qua non que condiciona la constitucionalidad de cualquier medida de índole legislativa que pudiera afectar cualquiera de los derechos colectivos…” (página 31) Reconoce que no hubo un proceso de consulta pre legislativa para la aprobación de la Ley de Minería, aunque, argumentando el cambio institucional que produjo la transición del régimen constitucional anterior al actualmente vigente y la ausencia de legislación que regule los procesos de consulta, valida como mecanismos de información, participación y recepción de criterios a algún oficio enviado por el Ministerio de Minas y Petróleo a varias organizaciones sociales, algún otro oficio enviado por un segmento de organizaciones a la Comisión Legislativa e incluso otro remitido por miembros de la propia Comisión Legislativa, reconociendo expresamente que “esos mecanismos no se equiparan integralmente a un proceso de consulta prelegislativa”. (página 38) Sin embargo, de manera ininteligible la Corte concluye que “ante la ausencia de un cuerpo normativo que regule los parámetros de la consulta pre legislativa, el proceso de información y participación implementado previo a la expedición de la Ley de Minería se ha desarrollado en aplicación directa de la Constitución…” y por tanto desecha la impugnación de inconstitucionalidad por la forma.
Allí la Corte se equivocar gravemente. Los derechos fundamentales deben ser cumplidos en toda circunstancia y sin ningún pretexto. La Constitución solo contempla la suspensión y limitación de algunos derechos durante los estados de excepción declarados por el Presidente de la República (Art. 165), situación que no es el caso. En ningún momento la Constitución contempla que el periodo de transición haya suspendido la vigencia de derecho alguno. Más aún, si la Corte reconoce que los derechos son de directa e inmediata aplicación y que de acuerdo al artículo 11, numeral 3 de la Constitución no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación, mal podía perdonar, como lo hace en este fallo, la inconstitucionalidad causada por la violación del derecho a la consulta en la aprobación de la Ley.
2. La asunción de facultades legislativas por parte de la Corte Constitucional
Tal es la gravedad de la violación constitucional causada por la ausencia de consulta en la aprobación de la Ley de Minería, y de su perdón por parte de los jueces constitucionales, que la Corte, seguramente abrumada por el peso de su decisión, quiso ir más allá de sus funciones específicas de control de constitucionalidad y más allá del asunto sometido a su decisión en esta causa para, invocando su deber “en tanto garante de la vigencia de la Constitución y de los contenidos axiológicos previstos en ella”, asumir la responsabilidad de legislar.
Sí, legislar. A través de su sentencia la Corte pone en vigencia normas jurídicas generalmente obligatorias que regirán para futuros casos, ya no para el actual: “hasta que el Legislativo emita la ley correspondiente, esta Corte establece las reglas y procedimientos mínimos que deberán cumplirse para los casos que requieran consulta prelegislativa.” “Se insiste, estas reglas deberán aplicarse para todos aquellos casos similares que encuentren relación con el ejercicio de derechos colectivos de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades del Ecuador, entiéndase indígenas, afroecuatorianos y montubios, hasta que la Asamblea Nacional emita el acto normativo definitivo.” (página 39)
Decisión valiente pero en el fondo profundamente equivocada. Más allá de su contenido, cuyo análisis habrá que abordar en su momento, las reglas y procedimientos que la Corte puso en vigencia para el ejercicio del derecho colectivo indígena a la consulta, en tanto constituyen medidas legislativas que afectan derechos indígenas, debieron ser sometidas a consulta. No se lo hizo. Repetición tautológica del mismo error.
Resulta al menos contradictorio que una Corte que no tuvo el carácter para, en ejercicio de las atribuciones propias echar abajo una Ley aprobada en violación de un derecho fundamental, se sienta con la legitimidad necesaria para invadir la esfera de acción de otros poderes del Estado a fin de regular el ejercicio de derechos, materia que, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución tiene reserva de ley orgánica.
3. Constitucionalidad condicionada
Los peticionarios alegaron la inconstitucionalidad por el fondo de varios artículos de la Ley de Minería. La Corte analiza la Constitucionalidad de varios de ellos, como el artículo 15 que se refiere a la declaratoria de utilidad pública de las actividades mineras, el artículo 100 y siguientes que se refieren a las servidumbres mineras, los artículos 28, 31 y 59, que se refieren a la libertad de prospección minera, otorgamiento de concesiones y construcciones e instalaciones mineras respectivamente.
En su análisis, la Corte asume que los referidos artículos, en los que se imponen cargas o limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad de los predios afectados por actividades mineras son incompatibles con los derechos territoriales reconocidos por la Constitución a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. (página 47)
Respecto al artículo 90 de la ley que se refiere a la consulta previa a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la Corte advierte que “adolece de un grave problema que podría acarrear una eventual vulneración a derechos colectivos” (página 48) pues dicho artículo somete dicho procedimiento a la consulta ambiental ciudadana prevista en el artículo 398 de la Constitución cuando lo correcto es que se someta a lo previsto en el artículo 57 de la Constitución que se refiere a los Derechos Colectivos Indígenas.
Queda claro que en todos los artículos citados la Corte encuentra incompatibilidades con derechos constitucionales. Evidentemente dichas incompatibilidades acarrean inconstitucionalidad de fondo.
Allí es cuando la Corte apela al Activismo Judicial para, inspirada en jurisprudencia constitucional extranjera, especialmente en fallos de la década de los 90 de la Corte Constitucional Colombiana, aplicar el “principio de conservación del derecho” y salvar a dichos artículos mediante una sentencia “atípica” que declara la constitucionalidad de artículos que atentan contra derechos constitucionales, condicionada a que “no se apliquen respecto de los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias”. (página 59) todo esto “en aras de afirmar la seguridad jurídica y en especial la gobernabilidad del Estado, evitando, de esa manera, sustituir al constituyente o al legislador.” (página 48, resaltado en el texto citado)
¿En qué quedamos? Cómo puede pretender la Corte afirmar la seguridad jurídica si cuando los ciudadanos acuden a ella para que, en tutela de sus derechos frente a una ley aprobada en violación de ellos declare su inconstitucionalidad, se achica. Eso genera inseguridad jurídica, indefensión y un ambiente de impunidad que pone en riesgo el Estado de Derechos.
¿Cómo puede afirmar así la gobernabilidad del Estado si resulta obvio que una sentencia como ésta, que perdona al poderoso cuando viola los derechos de los débiles, genera más conflictividad social?
¿Cómo así que la Corte perdona la inconstitucionalidad de estos artículos para no sustituir al constituyente o al legislador si nueve páginas antes dicta una ley completa atribuyéndose sin empacho facultades que no tiene?
Todo esto en aras de un “principio de conservación del derecho” que de acuerdo al texto de las dos sentencias colombianas invocadas (65-97 y 100-96) por la Corte, en ninguno de esos casos sirvió para salvar la voluntad del legislador cuando ésta era violatoria de derechos constitucionales.
Qué confianza le queda a la ciudadanía de que cuando un órgano del poder público ponga en vigencia una medida legislativa que debiendo ser consultada a los indígena, no lo sea, o cuando se apliquen los artículos hoy salvados, de una manera que sea violatoria a derechos constitucionales, la justicia constitucional vaya a tutelar efectivamente esos derechos. Ninguna. Esta sentencia nos dice que la Corte Constitucional para el periodo de Transición (excepción hecha de quien votó en contra) siempre encontrará argumentos para, en los temas clave, perdonar poderosos.
01 de abril de 2010
Mario Melo
La Corte Constitucional ha resuelto las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y por los Sistemas Comunitarios de Agua de varias parroquias y comunidades de la provincia del Azuay, en contra de la Ley de Minería vigente desde enero de 2009, a través de una sentencia compleja y contradictoria, que merece un detenido análisis.
1. La inconstitucionalidad de la ley por violación del derecho a la consulta y su perdón
Los accionantes alegaron que la aprobación de la Ley por parte de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, órgano al que los ecuatorianos denominábamos coloquialmente “congresillo” había violado la Constitución pues no se había cumplido el derecho a la consulta previa pre-legislativa, reconocido por el Artículo 57, numeral 17 de la Carta Fundamental vigente desde octubre de 2008.
En su sentencia, la Corte reconoce que la consulta previa pre-legislativa, al ser un derecho sustancial reconocido por la Constitución a favor de las nacionalidades, pueblos y comunidades, debía ser observada antes de la aprobación de una ley como la de minería, que afecta derechos indígenas. La Corte sostiene que “en circunstancias de institucionalidad regular u ordinaria, la consulta pre-legislativa constituye un requisito previo sine qua non que condiciona la constitucionalidad de cualquier medida de índole legislativa que pudiera afectar cualquiera de los derechos colectivos…” (página 31) Reconoce que no hubo un proceso de consulta pre legislativa para la aprobación de la Ley de Minería, aunque, argumentando el cambio institucional que produjo la transición del régimen constitucional anterior al actualmente vigente y la ausencia de legislación que regule los procesos de consulta, valida como mecanismos de información, participación y recepción de criterios a algún oficio enviado por el Ministerio de Minas y Petróleo a varias organizaciones sociales, algún otro oficio enviado por un segmento de organizaciones a la Comisión Legislativa e incluso otro remitido por miembros de la propia Comisión Legislativa, reconociendo expresamente que “esos mecanismos no se equiparan integralmente a un proceso de consulta prelegislativa”. (página 38) Sin embargo, de manera ininteligible la Corte concluye que “ante la ausencia de un cuerpo normativo que regule los parámetros de la consulta pre legislativa, el proceso de información y participación implementado previo a la expedición de la Ley de Minería se ha desarrollado en aplicación directa de la Constitución…” y por tanto desecha la impugnación de inconstitucionalidad por la forma.
Allí la Corte se equivocar gravemente. Los derechos fundamentales deben ser cumplidos en toda circunstancia y sin ningún pretexto. La Constitución solo contempla la suspensión y limitación de algunos derechos durante los estados de excepción declarados por el Presidente de la República (Art. 165), situación que no es el caso. En ningún momento la Constitución contempla que el periodo de transición haya suspendido la vigencia de derecho alguno. Más aún, si la Corte reconoce que los derechos son de directa e inmediata aplicación y que de acuerdo al artículo 11, numeral 3 de la Constitución no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación, mal podía perdonar, como lo hace en este fallo, la inconstitucionalidad causada por la violación del derecho a la consulta en la aprobación de la Ley.
2. La asunción de facultades legislativas por parte de la Corte Constitucional
Tal es la gravedad de la violación constitucional causada por la ausencia de consulta en la aprobación de la Ley de Minería, y de su perdón por parte de los jueces constitucionales, que la Corte, seguramente abrumada por el peso de su decisión, quiso ir más allá de sus funciones específicas de control de constitucionalidad y más allá del asunto sometido a su decisión en esta causa para, invocando su deber “en tanto garante de la vigencia de la Constitución y de los contenidos axiológicos previstos en ella”, asumir la responsabilidad de legislar.
Sí, legislar. A través de su sentencia la Corte pone en vigencia normas jurídicas generalmente obligatorias que regirán para futuros casos, ya no para el actual: “hasta que el Legislativo emita la ley correspondiente, esta Corte establece las reglas y procedimientos mínimos que deberán cumplirse para los casos que requieran consulta prelegislativa.” “Se insiste, estas reglas deberán aplicarse para todos aquellos casos similares que encuentren relación con el ejercicio de derechos colectivos de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades del Ecuador, entiéndase indígenas, afroecuatorianos y montubios, hasta que la Asamblea Nacional emita el acto normativo definitivo.” (página 39)
Decisión valiente pero en el fondo profundamente equivocada. Más allá de su contenido, cuyo análisis habrá que abordar en su momento, las reglas y procedimientos que la Corte puso en vigencia para el ejercicio del derecho colectivo indígena a la consulta, en tanto constituyen medidas legislativas que afectan derechos indígenas, debieron ser sometidas a consulta. No se lo hizo. Repetición tautológica del mismo error.
Resulta al menos contradictorio que una Corte que no tuvo el carácter para, en ejercicio de las atribuciones propias echar abajo una Ley aprobada en violación de un derecho fundamental, se sienta con la legitimidad necesaria para invadir la esfera de acción de otros poderes del Estado a fin de regular el ejercicio de derechos, materia que, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución tiene reserva de ley orgánica.
3. Constitucionalidad condicionada
Los peticionarios alegaron la inconstitucionalidad por el fondo de varios artículos de la Ley de Minería. La Corte analiza la Constitucionalidad de varios de ellos, como el artículo 15 que se refiere a la declaratoria de utilidad pública de las actividades mineras, el artículo 100 y siguientes que se refieren a las servidumbres mineras, los artículos 28, 31 y 59, que se refieren a la libertad de prospección minera, otorgamiento de concesiones y construcciones e instalaciones mineras respectivamente.
En su análisis, la Corte asume que los referidos artículos, en los que se imponen cargas o limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad de los predios afectados por actividades mineras son incompatibles con los derechos territoriales reconocidos por la Constitución a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. (página 47)
Respecto al artículo 90 de la ley que se refiere a la consulta previa a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la Corte advierte que “adolece de un grave problema que podría acarrear una eventual vulneración a derechos colectivos” (página 48) pues dicho artículo somete dicho procedimiento a la consulta ambiental ciudadana prevista en el artículo 398 de la Constitución cuando lo correcto es que se someta a lo previsto en el artículo 57 de la Constitución que se refiere a los Derechos Colectivos Indígenas.
Queda claro que en todos los artículos citados la Corte encuentra incompatibilidades con derechos constitucionales. Evidentemente dichas incompatibilidades acarrean inconstitucionalidad de fondo.
Allí es cuando la Corte apela al Activismo Judicial para, inspirada en jurisprudencia constitucional extranjera, especialmente en fallos de la década de los 90 de la Corte Constitucional Colombiana, aplicar el “principio de conservación del derecho” y salvar a dichos artículos mediante una sentencia “atípica” que declara la constitucionalidad de artículos que atentan contra derechos constitucionales, condicionada a que “no se apliquen respecto de los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias”. (página 59) todo esto “en aras de afirmar la seguridad jurídica y en especial la gobernabilidad del Estado, evitando, de esa manera, sustituir al constituyente o al legislador.” (página 48, resaltado en el texto citado)
¿En qué quedamos? Cómo puede pretender la Corte afirmar la seguridad jurídica si cuando los ciudadanos acuden a ella para que, en tutela de sus derechos frente a una ley aprobada en violación de ellos declare su inconstitucionalidad, se achica. Eso genera inseguridad jurídica, indefensión y un ambiente de impunidad que pone en riesgo el Estado de Derechos.
¿Cómo puede afirmar así la gobernabilidad del Estado si resulta obvio que una sentencia como ésta, que perdona al poderoso cuando viola los derechos de los débiles, genera más conflictividad social?
¿Cómo así que la Corte perdona la inconstitucionalidad de estos artículos para no sustituir al constituyente o al legislador si nueve páginas antes dicta una ley completa atribuyéndose sin empacho facultades que no tiene?
Todo esto en aras de un “principio de conservación del derecho” que de acuerdo al texto de las dos sentencias colombianas invocadas (65-97 y 100-96) por la Corte, en ninguno de esos casos sirvió para salvar la voluntad del legislador cuando ésta era violatoria de derechos constitucionales.
Qué confianza le queda a la ciudadanía de que cuando un órgano del poder público ponga en vigencia una medida legislativa que debiendo ser consultada a los indígena, no lo sea, o cuando se apliquen los artículos hoy salvados, de una manera que sea violatoria a derechos constitucionales, la justicia constitucional vaya a tutelar efectivamente esos derechos. Ninguna. Esta sentencia nos dice que la Corte Constitucional para el periodo de Transición (excepción hecha de quien votó en contra) siempre encontrará argumentos para, en los temas clave, perdonar poderosos.
01 de abril de 2010
lunes, 5 de abril de 2010
Polémica en Perú por la prohibición de nuevas concesiones mineras en Cuzco
Polémica en Perú por la prohibición de nuevas concesiones mineras en Cuzco
Por Agencia EFE – Marzo 27 2010
Lima, 25 mar (EFE).- La decisión del Gobierno de la región peruana de Cuzco de prohibir nuevas concesiones mineras dentro de su territorio y dar prioridad al turismo y la agricultura propició hoy la reacción del Ministerio de Energía y Minas de Perú, que busca revertir dicha medida.
El titular peruano de esta cartera, Pedro Sánchez, señaló hoy que la iniciativa adoptada por la región de Cuzco "no está dentro de la ley ni la Constitución" y señaló que su ministerio estudia las medidas que tomará para lograr "que se derogue esta norma", según un comunicado de prensa.
La ordenanza del Consejo Regional de Cuzco, que fue promulgada en enero pasado y hecha pública hoy, declara su territorio como un área de no admisión de denuncios mineros, lo que impide que se inicien nuevos proyectos en este sector.
Para justificar esta medida, el Ejecutivo de Cuzco, región que es el principal destino turístico de Perú, señala los riesgos ambientales de las operaciones mineras, así como el temor que existe entre algunos de sus pobladores de ser desalojados de sus tierras.
De este modo, Cuzco busca centrar su actividad económica en los terrenos agropecuario y turístico. Atractivos como el Valle Sagrado de los Incas y la ciudadela de Machu Picchu la convierten en el principal destino turístico del país.
Pero a la vez, es la segunda región de Perú en reservas de plata y molibdeno, sexta en cobre y octava en oro, y en el 0,6 por ciento de su territorio ya se desarrollan proyectos mineros, según datos oficiales.
La polémica ordenanza no impide que los trabajos mineros que ya operan en dicha región continúen con sus trabajos, pero hace peligrar futuros proyectos ya en camino de realizarse y que, según publicó hoy el diario económico Gestión, suponen una inversión de más de 2.000 millones de dólares.
El ministro Sánchez subrayó que la legislación sobre la gran y mediana minería corresponde a nivel nacional a su dependencia, mientras que las regiones sólo pueden normar sobre la pequeña minería.
"Lo que está claro en este tema es que el Gobierno regional no tiene esa facultad de prohibición y vamos a tener que actuar correspondientemente", sentenció.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Hans Flury, señaló que espera que el Ministerio de Energía y Minas "se ponga fuerte y ponga las cosas en su lugar".
"El Gobierno regional de Cuzco no puede actuar a espaldas del país y contra la ley", agregó.
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Conflicto por veto a minería en Cusco
Recursos. Gobierno regional prohibió esta actividad en su territorio. Ministerio de Energía y Minas exigió derogar la ordenanza pues señala que las regiones no tienen competencia para dar esta medida.
Viernes 26 Marzo, 2010
Redacción. La República
http://www.larepublica.pe
Se abre un nuevo conflicto sobre el uso de los recursos naturales. El ministro de Energía y Minas (MEM), Pedro Sánchez, señaló que el Gobierno Regional del Cusco no tiene competencia para prohibir la actividad minera en su jurisdicción, por lo que debe derogar la ordenanza que excluye a esa región de la admisión de esta actividad.
La ordenanza, que fue aprobada por el Consejo Regional el 21 de diciembre del año pasado y entró en vigencia hace algunos días, declara como área de no admisión de denuncios mineros todo el territorio del Cusco pues será destinada solo al turismo y a la producción agropecuaria.
“Esta es una medida que no está dentro de la ley ni la Constitución y por eso estamos evaluando los pasos que vamos a tomar, donde lo que corresponde es que se derogue esta norma”, sostuvo al respecto el ministro Sánchez.
La ordenanza no afecta a las actuales concesiones mineras del Cusco sino a los futuros proyectos.
Buscan licencia social
Al respecto el presidente de la Región Cusco, Hugo Gonzales, aclaró que no está de acuerdo con la medida pero esta fue adoptada por mayoría en el Consejo.
“La ordenanza está vigente, ahora no puede entrar ningún concesionario”, subrayó Gonzales.
Gonzales señaló que ha presentado una iniciativa para modificar la ordenanza y propiciar el diálogo entre las comunidades campesinas y el MEM.
“No se trata de decir adiós a las concesiones, sino de regularlas para que quienes vengan a querer explorar o explotar el recurso tengan la licencia social de la comunidad”, explicó la autoridad.
Datos
1 Áreas. El MEM refirió que actualmente existe una gran cantidad de concesiones mineras otorgadas en la región del Cusco, las cuales representan el 0.6% del área total de la región.
2 Refinería. El ministro Sánchez brindó estas declaraciones tras inaugurar dos nuevos hornos en la refinería de Conchán que le permitirá un ahorro de 3.5 millones de dólares, en comparación a la alternativa de contratar el servicio de una compañía internacional.
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"Gobierno regional del Cusco no tiene competencias para prohibir actividad minera"
Ministerio de Energía y Minas asegura que región debe derogar la ordenanza que excluye a esa región de la admisión de denuncios mineros
Jueves 25 de marzo de 2010
(Andina). El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, aseguró que el gobierno regional del Cusco no tiene competencias para prohibir la actividad minera en su jurisdicción, por lo que debe derogar la ordenanza que excluye a esa región de la admisión de denuncios mineros.
El 21 de diciembre del año pasado el gobierno regional aprobó una ordenanza declara como área de no admisión de denuncios mineros todo el territorio del Cusco, y entró en vigencia hace algunos días.
“Esta es una medida que no está dentro de la ley ni la constitución y por eso estamos evaluando los pasos que vamos a tomar, donde lo que corresponde es que se derogue esta norma”, sostuvo.
Reiteró que las próximas acciones del ministerio buscarán salvaguardar las inversiones futuras que quisieran realizarse en dicha zona, pues según el dispositivo legal publicado, las inversiones que a la fecha se ubican en la región Cusco no se verían afectadas, sino solo aquellos terrenos que actualmente no tienen ninguna concesión.
“Lo que está claro en este tema es que el gobierno regional no tiene esa facultad de prohibición y vamos a tener que actuar correspondientemente”, manifestó.
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Cusco es la segunda región en el país con mayores reservas de plata y molibdeno
Lima, mar. 19 2010 (ANDINA).- La región Cusco cuenta con un importante potencial minero, ocupando el segundo lugar en reservas de plata y molibdeno, sexto en cobre y octavo en oro, informó hoy el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
Dijo que las reservas probadas/probables de plata suman 17 millones 522,122 kilogramos finos, de molibdeno se han reportado 335,899 toneladas métricas finas (TMF), mientras que las reservas probadas/probables de oro suman un total de 16 millones 481,488 gramos finos y las de cobre ascienden a cuatro millones 158,945 TMF.
Sin embargo, pese a este importante potencial minero, en Cusco, solamente existen 49 proyectos en exploración minera que ocupan el 0.59 por ciento de su territorio y otras 15 unidades en explotación ocupan el 0.07 por ciento del territorio de la región.
“Hay una falacia que todo el territorio del Cusco está concesionado; el área en explotación y exploración minera es menor al uno por ciento”, indicó
Indicó que la cartera estimada de inversión en minería que en conjunto superan los 35,000 millones de dólares en todo el país, 2,636 millones de dólares se invertirán en la región Cusco.
Entre los proyectos mineros que anunció figuran: Antapaccay de Xtrata Tintaya (inversión 1,300 millones de dólares), seguido por el proyecto Constancia de Norsemont Perú (inversión 846 millones), así como el proyecto Quechua de Compañía Minera Quechua, entre otros.
Sánchez destacó también las importantes reservas de gas con las que cuenta el departamento de Cusco y dijo que gracias a este hidrocarburo las tarifas de la energía eléctrica se han mantenido estables, por tanto todos los peruanos nos hemos vistos beneficiados.
Precisó también que está en proyecto la construcción de la Línea de Transmisión de 220 kV Machupicchu – Cotaruse, así como la segunda fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
El ministro participó hoy en el Foro “Todos Somos Cusco, construyendo la agenda de desarrollo”, organizado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Cusco.
Por Agencia EFE – Marzo 27 2010
Lima, 25 mar (EFE).- La decisión del Gobierno de la región peruana de Cuzco de prohibir nuevas concesiones mineras dentro de su territorio y dar prioridad al turismo y la agricultura propició hoy la reacción del Ministerio de Energía y Minas de Perú, que busca revertir dicha medida.
El titular peruano de esta cartera, Pedro Sánchez, señaló hoy que la iniciativa adoptada por la región de Cuzco "no está dentro de la ley ni la Constitución" y señaló que su ministerio estudia las medidas que tomará para lograr "que se derogue esta norma", según un comunicado de prensa.
La ordenanza del Consejo Regional de Cuzco, que fue promulgada en enero pasado y hecha pública hoy, declara su territorio como un área de no admisión de denuncios mineros, lo que impide que se inicien nuevos proyectos en este sector.
Para justificar esta medida, el Ejecutivo de Cuzco, región que es el principal destino turístico de Perú, señala los riesgos ambientales de las operaciones mineras, así como el temor que existe entre algunos de sus pobladores de ser desalojados de sus tierras.
De este modo, Cuzco busca centrar su actividad económica en los terrenos agropecuario y turístico. Atractivos como el Valle Sagrado de los Incas y la ciudadela de Machu Picchu la convierten en el principal destino turístico del país.
Pero a la vez, es la segunda región de Perú en reservas de plata y molibdeno, sexta en cobre y octava en oro, y en el 0,6 por ciento de su territorio ya se desarrollan proyectos mineros, según datos oficiales.
La polémica ordenanza no impide que los trabajos mineros que ya operan en dicha región continúen con sus trabajos, pero hace peligrar futuros proyectos ya en camino de realizarse y que, según publicó hoy el diario económico Gestión, suponen una inversión de más de 2.000 millones de dólares.
El ministro Sánchez subrayó que la legislación sobre la gran y mediana minería corresponde a nivel nacional a su dependencia, mientras que las regiones sólo pueden normar sobre la pequeña minería.
"Lo que está claro en este tema es que el Gobierno regional no tiene esa facultad de prohibición y vamos a tener que actuar correspondientemente", sentenció.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Hans Flury, señaló que espera que el Ministerio de Energía y Minas "se ponga fuerte y ponga las cosas en su lugar".
"El Gobierno regional de Cuzco no puede actuar a espaldas del país y contra la ley", agregó.
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Conflicto por veto a minería en Cusco
Recursos. Gobierno regional prohibió esta actividad en su territorio. Ministerio de Energía y Minas exigió derogar la ordenanza pues señala que las regiones no tienen competencia para dar esta medida.
Viernes 26 Marzo, 2010
Redacción. La República
http://www.larepublica.pe
Se abre un nuevo conflicto sobre el uso de los recursos naturales. El ministro de Energía y Minas (MEM), Pedro Sánchez, señaló que el Gobierno Regional del Cusco no tiene competencia para prohibir la actividad minera en su jurisdicción, por lo que debe derogar la ordenanza que excluye a esa región de la admisión de esta actividad.
La ordenanza, que fue aprobada por el Consejo Regional el 21 de diciembre del año pasado y entró en vigencia hace algunos días, declara como área de no admisión de denuncios mineros todo el territorio del Cusco pues será destinada solo al turismo y a la producción agropecuaria.
“Esta es una medida que no está dentro de la ley ni la Constitución y por eso estamos evaluando los pasos que vamos a tomar, donde lo que corresponde es que se derogue esta norma”, sostuvo al respecto el ministro Sánchez.
La ordenanza no afecta a las actuales concesiones mineras del Cusco sino a los futuros proyectos.
Buscan licencia social
Al respecto el presidente de la Región Cusco, Hugo Gonzales, aclaró que no está de acuerdo con la medida pero esta fue adoptada por mayoría en el Consejo.
“La ordenanza está vigente, ahora no puede entrar ningún concesionario”, subrayó Gonzales.
Gonzales señaló que ha presentado una iniciativa para modificar la ordenanza y propiciar el diálogo entre las comunidades campesinas y el MEM.
“No se trata de decir adiós a las concesiones, sino de regularlas para que quienes vengan a querer explorar o explotar el recurso tengan la licencia social de la comunidad”, explicó la autoridad.
Datos
1 Áreas. El MEM refirió que actualmente existe una gran cantidad de concesiones mineras otorgadas en la región del Cusco, las cuales representan el 0.6% del área total de la región.
2 Refinería. El ministro Sánchez brindó estas declaraciones tras inaugurar dos nuevos hornos en la refinería de Conchán que le permitirá un ahorro de 3.5 millones de dólares, en comparación a la alternativa de contratar el servicio de una compañía internacional.
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"Gobierno regional del Cusco no tiene competencias para prohibir actividad minera"
Ministerio de Energía y Minas asegura que región debe derogar la ordenanza que excluye a esa región de la admisión de denuncios mineros
Jueves 25 de marzo de 2010
(Andina). El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, aseguró que el gobierno regional del Cusco no tiene competencias para prohibir la actividad minera en su jurisdicción, por lo que debe derogar la ordenanza que excluye a esa región de la admisión de denuncios mineros.
El 21 de diciembre del año pasado el gobierno regional aprobó una ordenanza declara como área de no admisión de denuncios mineros todo el territorio del Cusco, y entró en vigencia hace algunos días.
“Esta es una medida que no está dentro de la ley ni la constitución y por eso estamos evaluando los pasos que vamos a tomar, donde lo que corresponde es que se derogue esta norma”, sostuvo.
Reiteró que las próximas acciones del ministerio buscarán salvaguardar las inversiones futuras que quisieran realizarse en dicha zona, pues según el dispositivo legal publicado, las inversiones que a la fecha se ubican en la región Cusco no se verían afectadas, sino solo aquellos terrenos que actualmente no tienen ninguna concesión.
“Lo que está claro en este tema es que el gobierno regional no tiene esa facultad de prohibición y vamos a tener que actuar correspondientemente”, manifestó.
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Cusco es la segunda región en el país con mayores reservas de plata y molibdeno
Lima, mar. 19 2010 (ANDINA).- La región Cusco cuenta con un importante potencial minero, ocupando el segundo lugar en reservas de plata y molibdeno, sexto en cobre y octavo en oro, informó hoy el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
Dijo que las reservas probadas/probables de plata suman 17 millones 522,122 kilogramos finos, de molibdeno se han reportado 335,899 toneladas métricas finas (TMF), mientras que las reservas probadas/probables de oro suman un total de 16 millones 481,488 gramos finos y las de cobre ascienden a cuatro millones 158,945 TMF.
Sin embargo, pese a este importante potencial minero, en Cusco, solamente existen 49 proyectos en exploración minera que ocupan el 0.59 por ciento de su territorio y otras 15 unidades en explotación ocupan el 0.07 por ciento del territorio de la región.
“Hay una falacia que todo el territorio del Cusco está concesionado; el área en explotación y exploración minera es menor al uno por ciento”, indicó
Indicó que la cartera estimada de inversión en minería que en conjunto superan los 35,000 millones de dólares en todo el país, 2,636 millones de dólares se invertirán en la región Cusco.
Entre los proyectos mineros que anunció figuran: Antapaccay de Xtrata Tintaya (inversión 1,300 millones de dólares), seguido por el proyecto Constancia de Norsemont Perú (inversión 846 millones), así como el proyecto Quechua de Compañía Minera Quechua, entre otros.
Sánchez destacó también las importantes reservas de gas con las que cuenta el departamento de Cusco y dijo que gracias a este hidrocarburo las tarifas de la energía eléctrica se han mantenido estables, por tanto todos los peruanos nos hemos vistos beneficiados.
Precisó también que está en proyecto la construcción de la Línea de Transmisión de 220 kV Machupicchu – Cotaruse, así como la segunda fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
El ministro participó hoy en el Foro “Todos Somos Cusco, construyendo la agenda de desarrollo”, organizado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Cusco.
lunes, 29 de marzo de 2010
Perú: Escándalo. Investigación comprueba lobby minero en Cordillera del Cóndor
Una investigación difundida ayer comprueba que el recorte de la propuesta inicial del Parque Nacional Ichigkat Muja se realizó mediante influencia directa de empresarios privados.
La publicación “Crónica de un engaño. Los intentos de enajenación del territorio fronterizo Awajún en la Cordillera del Cóndor a favor de la minería“ exhibe (p. 32) una carta donde Jorge Bedoya Torrico, representante de Minera Afrodita, participa del acuerdo de una reunión decisiva con funcionarios del estado.
En la reunión del 8 de noviembre de 2005 se conmina al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) a que en solo tres días emita una “opinion técnica favorable para la exploración minera de Compañía Afrodita en la Cordillera del Cóndor”.
Dicho acuerda se adopta a pesar que la propuesta inicial del INRENA, en común acuerdo con los pueblos indígenas, fue que la actividad minera es incompatible en dica área por tratarse de un área con ecosistemas de gran biodiversidad y cabecera de las cuencas de los ríos Comaina, Numpatkeim y Sawientsa.
El acta fue suscrita por funcionarios del Estado peruano que representaban al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y al INRENA.
La presión de Afrodita llegó a tal nivel que “unos días después, y con notable prepotencia, Bedoya Torrico solicitó por escfrito al Jefe del INRENA ‘el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la reunión’” (p. 31).
“Todo indica que en la reformulación de la categorización de la Zona Reservada (…) intervinieron los intereses mineros gracias a vínculos políticos” indica la publicación en su p. 34.
La reducción del Parque se efectuó en casi 70 mil hectáreas y dejó fuera del área protegida a las concesiones de Minera Afrodita y las que Carlos Ballón Barraza obtuvo en el 2006.
Carlos Ballón Barraza, además de ser un minero vinculado al Grupo Cardero de Canadá para el que trabajaba identificando zonas potenciales de inversión minera, también “integraba el equipo de Plan de Gobierno del Partido Aprista Peruano, en el capítulo de minería, dirigido por Abel Salinas, también colaborador de Cardero Peru S.A.C.” (p. 42)
La publicación fue entregada ayer a la prensa por una delegación de dirigentes y pobladores que llegaron a la capital desde el distrito de El Cenepa, ubicado en la Cordillera del Cóndor, región fronteriza con el Ecuador, luego de un largo viaje.
La publicación “Crónica de un engaño. Los intentos de enajenación del territorio fronterizo Awajún en la Cordillera del Cóndor a favor de la minería“ exhibe (p. 32) una carta donde Jorge Bedoya Torrico, representante de Minera Afrodita, participa del acuerdo de una reunión decisiva con funcionarios del estado.
En la reunión del 8 de noviembre de 2005 se conmina al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) a que en solo tres días emita una “opinion técnica favorable para la exploración minera de Compañía Afrodita en la Cordillera del Cóndor”.
Dicho acuerda se adopta a pesar que la propuesta inicial del INRENA, en común acuerdo con los pueblos indígenas, fue que la actividad minera es incompatible en dica área por tratarse de un área con ecosistemas de gran biodiversidad y cabecera de las cuencas de los ríos Comaina, Numpatkeim y Sawientsa.
El acta fue suscrita por funcionarios del Estado peruano que representaban al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y al INRENA.
La presión de Afrodita llegó a tal nivel que “unos días después, y con notable prepotencia, Bedoya Torrico solicitó por escfrito al Jefe del INRENA ‘el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la reunión’” (p. 31).
“Todo indica que en la reformulación de la categorización de la Zona Reservada (…) intervinieron los intereses mineros gracias a vínculos políticos” indica la publicación en su p. 34.
La reducción del Parque se efectuó en casi 70 mil hectáreas y dejó fuera del área protegida a las concesiones de Minera Afrodita y las que Carlos Ballón Barraza obtuvo en el 2006.
Carlos Ballón Barraza, además de ser un minero vinculado al Grupo Cardero de Canadá para el que trabajaba identificando zonas potenciales de inversión minera, también “integraba el equipo de Plan de Gobierno del Partido Aprista Peruano, en el capítulo de minería, dirigido por Abel Salinas, también colaborador de Cardero Peru S.A.C.” (p. 42)
La publicación fue entregada ayer a la prensa por una delegación de dirigentes y pobladores que llegaron a la capital desde el distrito de El Cenepa, ubicado en la Cordillera del Cóndor, región fronteriza con el Ecuador, luego de un largo viaje.
Prontuario ambiental de Codelco y sus intereses en el Ecuador
En los últimos días, a través de los medios de comunicación, hemos escuchado hablar de las operaciones mineras de la empresa chilena CODELCO en el Ecuador. Las operaciones de Codelco ya tienen antecedentes de desastres ambientales en su país.
En los últimos días, a través de los medios de comunicación, hemos escuchado hablar de las operaciones mineras de la empresa chilena CODELCO en el Ecuador. La Corporación Nacional del Cobre de Chile -CODELCO- es la primera productora de cobre del mundo y posee cerca del 30% de las reservas de este mineral. En junio del 2009 CODELCO firmó un convenio de exploración minera con el estado ecuatoriano, siendo el tercer acuerdo entre los dos países en materia de recursos no renovables. En el 2003 se firmó un convenio minero y en el 2008 se creó una empresa formada por la chilena Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y Petroecuador.
CODELCO tiene opciones de exploración en más de 10 puntos del territorio nacional. En el futuro próximo se espera la constitución de una empresa mixta entre la empresa chilena y la estatal ecuatoriana Enami-EP. De encontrar algún yacimiento rentable, la empresa chilena tendrá una participación del 49% y el Estado ecuatoriano 51%.
CODELCO ya estuvo en el Ecuador en 1997 con el interés de explotar cobre en Junín, Cordillera del Toisán, en la provincia de Imbabura. Esto llevó a que durante la visita a Ecuador, el fenecido dictador Pinochet pidiese garantías para la inversión del capital chileno en nuestro país. A raíz de esta visita el ministro de energía de aquel entonces propuso un proyecto de ley de minería que contemplaba la militarización de comunidades opuestas a la minería. La oportuna intervención de las organizaciones locales y sociales de Ecuador y de Chile así como la de los trabajadores de CODELCO, y una campaña de presión conjunta, hizo desistir a la minera chilena de sus planes en Intag. La estatal Chilena incluso llegó a contratar al consultor Jaime Solari, que estuvo involucrado en el 2005 en denuncias de corrupción de la empresa Codelco con sectores políticos de su país y que, según los propios pobladores, en Ecuador intentó sobornar y amenazó a un reconocido líder campesino de Intag.
Las operaciones de Codelco ya tienen antecedentes de desastres ambientales en su país. Por ejemplo, en el 2007, la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile detectó que Codelco contaminaba en sus operaciones Andina, El Teniente, El Salvador y Ventanas con niveles superiores a las normas fijadas, lo que le significó multas millonarias.
En junio de ese año, expertos advirtieron la destrucción de glaciares con un contenido superior a 20 millones de metros cúbicos de agua en la cordillera central de Chile por parte de la División Andina de Codelco y otra empresa minera transnacional que opera en la zona.(www.chilecologico.cl)
Además del daño irreversible sobre la salud de las personas, el derrame de los desechos del proceso productivo de la División El Salvador terminó con toda la riqueza del ecosistema marino de la Bahía de Chañaral, sustentado en la existencia de plancton. De este modo, el inmenso potencial para el desarrollo de la maricultura quedó sepultado bajo un barro tóxico que se extendió varios kilómetros mar adentro,
cerrando una de las principales fuentes de sustento para los habitantes de Chañaral (www.ocmal.org). En este caso los habitantes exigen hasta hoy a la división El Salvador de CODELCO una solución definitiva y contundente a la contaminación de más de 5 décadas causada por el deposito de millones de toneladas de relaves mineros en suelo y mar de Chañaral.
En Chile, en el 2008, CODELCO incorporó a la empresa estatal china Minmetals para explotar cobre en el proyecto chileno Gaby. Debido a la fuerte oposición del sindicato minero de CODELCO, este contrato tuvo que deshacerse.(http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2008-09/24/content_727342.htm).
Al parecer, a modo de compensación por la salida de la China Minmetals del proyecto Gaby, CODELCO convino con Minmetals el desarrollo de actividades mineras en México, Brasil y Ecuador (La Tercera, 27/12/2008).
Los 100 años de experiencia minera de CODELCO se han dado en el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama. Sus operaciones en un país como Ecuador con una gran riqueza biológica y cultural constituye un experimento perverso. www.ecoportal.net
Acción Ecológica
www.accionecologica.org
En los últimos días, a través de los medios de comunicación, hemos escuchado hablar de las operaciones mineras de la empresa chilena CODELCO en el Ecuador. La Corporación Nacional del Cobre de Chile -CODELCO- es la primera productora de cobre del mundo y posee cerca del 30% de las reservas de este mineral. En junio del 2009 CODELCO firmó un convenio de exploración minera con el estado ecuatoriano, siendo el tercer acuerdo entre los dos países en materia de recursos no renovables. En el 2003 se firmó un convenio minero y en el 2008 se creó una empresa formada por la chilena Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y Petroecuador.
CODELCO tiene opciones de exploración en más de 10 puntos del territorio nacional. En el futuro próximo se espera la constitución de una empresa mixta entre la empresa chilena y la estatal ecuatoriana Enami-EP. De encontrar algún yacimiento rentable, la empresa chilena tendrá una participación del 49% y el Estado ecuatoriano 51%.
CODELCO ya estuvo en el Ecuador en 1997 con el interés de explotar cobre en Junín, Cordillera del Toisán, en la provincia de Imbabura. Esto llevó a que durante la visita a Ecuador, el fenecido dictador Pinochet pidiese garantías para la inversión del capital chileno en nuestro país. A raíz de esta visita el ministro de energía de aquel entonces propuso un proyecto de ley de minería que contemplaba la militarización de comunidades opuestas a la minería. La oportuna intervención de las organizaciones locales y sociales de Ecuador y de Chile así como la de los trabajadores de CODELCO, y una campaña de presión conjunta, hizo desistir a la minera chilena de sus planes en Intag. La estatal Chilena incluso llegó a contratar al consultor Jaime Solari, que estuvo involucrado en el 2005 en denuncias de corrupción de la empresa Codelco con sectores políticos de su país y que, según los propios pobladores, en Ecuador intentó sobornar y amenazó a un reconocido líder campesino de Intag.
Las operaciones de Codelco ya tienen antecedentes de desastres ambientales en su país. Por ejemplo, en el 2007, la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile detectó que Codelco contaminaba en sus operaciones Andina, El Teniente, El Salvador y Ventanas con niveles superiores a las normas fijadas, lo que le significó multas millonarias.
En junio de ese año, expertos advirtieron la destrucción de glaciares con un contenido superior a 20 millones de metros cúbicos de agua en la cordillera central de Chile por parte de la División Andina de Codelco y otra empresa minera transnacional que opera en la zona.(www.chilecologico.cl)
Además del daño irreversible sobre la salud de las personas, el derrame de los desechos del proceso productivo de la División El Salvador terminó con toda la riqueza del ecosistema marino de la Bahía de Chañaral, sustentado en la existencia de plancton. De este modo, el inmenso potencial para el desarrollo de la maricultura quedó sepultado bajo un barro tóxico que se extendió varios kilómetros mar adentro,
cerrando una de las principales fuentes de sustento para los habitantes de Chañaral (www.ocmal.org). En este caso los habitantes exigen hasta hoy a la división El Salvador de CODELCO una solución definitiva y contundente a la contaminación de más de 5 décadas causada por el deposito de millones de toneladas de relaves mineros en suelo y mar de Chañaral.
En Chile, en el 2008, CODELCO incorporó a la empresa estatal china Minmetals para explotar cobre en el proyecto chileno Gaby. Debido a la fuerte oposición del sindicato minero de CODELCO, este contrato tuvo que deshacerse.(http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2008-09/24/content_727342.htm).
Al parecer, a modo de compensación por la salida de la China Minmetals del proyecto Gaby, CODELCO convino con Minmetals el desarrollo de actividades mineras en México, Brasil y Ecuador (La Tercera, 27/12/2008).
Los 100 años de experiencia minera de CODELCO se han dado en el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama. Sus operaciones en un país como Ecuador con una gran riqueza biológica y cultural constituye un experimento perverso. www.ecoportal.net
Acción Ecológica
www.accionecologica.org
La mentira del empleo minero y la preocupación de las multinacionales
Darío Shapotskik
La mentira del empleo minero y la preocupación de las multinacionales
Una de las estafas de las multinacionales mineras es que esa actividad económica genera trabajo. En el montaje de esa mentira colaboran asiduamente los medios comerciales de masas y los funcionarios de turno. Ellos se encargan de difundir informes estadísticas y proyecciones para convencer a las poblaciones de que “en poco tiempo veremos a San Juan inundado de trabajo” (Informe de Gioja, gobernador de San Juan, junio 2003)
Algo similar conocimos en el caso de las pasteras de Fray Bentos, promovidas por el gobierno del Frente Amplio; según Tabaré Vázquez “reportarían más de 2.000 empleos directos”. Sin embargo, los estudios presentados por universidades de Montevideo y de Entre Ríos, demostraron que el trabajo real para obreros y técnicos uruguayos se reducía a menos de un centenar.
Otro objetivo es impedir que las poblaciones se resistan a la instalación de las explotaciones mineras. Una minera tiene necesidad de invadir y ocupar territorios y desplazar poblaciones. Es un prerrequisito de infraestructura al que no están obligadas otro tipo de multinacionales.
En muchos casos logran que los habitantes piensen cosas como estas: “No importa que contaminen si es que trae laburo”, como dice el protagonista de la documental “Asecho a la Ilusión”, donde se relata el caso de Bajo La Alumbrera, en Catamarca.
LA VERDAD ES OTRA
En los países tradicionalmente mineros de Sudamérica (Brasil, Perú y Chile), esta industria ocupa, respectivamente, a 91.000 personas (lo que representa apenas el 0,1 % de la población económicamente activa), a 75.000 (equivalente al 0,9 % de la PEA ), y a 78.000 personas (el 1,4 % de la PEA) [1].
Las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas mineras son extremadamente insalubres y precarizadas, generándose día a día mayores índices de accidentes de trabajo como el producido el 14 de junio de 2004 en los yacimientos carboníferos de Río Turbio, cuando murieron catorce trabajadores. A este desastre humano, debemos sumar el “accidente” en la planta potabilizadora donde se procesa y lava el carbón, que causó la muerte del obrero Ramiro Marín, el día 23 de diciembre de 2005.
“El Estado Nacional parece decirles a Barrick Gold, Meridian Gold, Alumbrera Limited, y otras: ’Señores, estamos a su disposición. Dígannos que quieren, que lo vamos a hacer’”, acusa el Informe parlamentario presentado por el diputado Carlos Alberto Tinnirello, el 1º de junio de 2006.
“En realidad, -continúa el informante- el Presidente Kirchner ya se ha encargado de cumplir con esta vergonzosa tarea. En la presentación del Plan Minero Nacional, el 23/1/04, dirigiéndose a los ’representantes del sector minero’ dijo textualmente: “... todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión, y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar ...” [2].
Seguidamente se pregunta “¿Por qué el Presidente se manifiesta dispuesto a escuchar sólo a los empresarios y no a la población que continuamente se manifiesta en defensa de su medioambiente y los recursos naturales? ¿Por qué hace caso omiso a la población de Esquel, que se manifestó en un 81 % contra la minería a cielo abierto? ¿Por qué es sordo frente al 20 % de los habitantes de Santa María, Belén y Andalgalá, en Catamarca, que se han movilizado contra los proyectos Agua Rica y Filo Colorado, exigiendo plebiscito ante cualquier emprendimiento que pueda afectar el medio ambiente? ¿Qué lo lleva a ignorar la firme decisión de los habitantes del Valle de Uco, en Mendoza, de oponerse a la minería a cielo abierto en la zona de Papagayos?” (Informe 1º de junio 2006, Congreso Nacional, Argentina)
CUANDO “ELLOS” SE PREOCUPAN
La gravedad del saqueo de recursos y de los daños ambientales causados por las empresas que llevan adelante las actividades de megaminería ha llevado, incluso, a que el parlamento canadiense -país del que son originarios las mayor parte de las empresas dedicadas a la mega minería, entre ellas Minera Andes, una de las responsables del emprendimiento San José-Huevos Verdes- invitara al gobierno de ese país a terminar con las consecuencias sociales y medioambientales de las devastadoras explotaciones mineras canadienses fuera del país.
Un reciente informe parlamentario invita al gobierno a: cesar el apoyo de proyectos mineros canadienses destructivos en el exterior; considerar a las compañías de explotación minera canadienses legalmente responsables de las violaciones de los derechos ambientales y humanos en otros países, y forzar al Banco Mundial a respetar estándares internacionales de los derechos humanos [3].
En junio de 2005, la Comisión Permanente del Parlamento sobre Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional adoptó un informe en el que expresaba sus inquietudes sobre el hecho de que "Canadá todavía no tiene leyes para asegurarse de que las actividades de las compañías de explotación minera canadienses en países en vías de desarrollo se conforman con los estándares de derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores y de la gente indígena".
El informe discute que "mucho más debe ser hecho para asegurarse de que las compañías canadienses conduzcan sus actividades de manera social y ambientalmente responsable y en conformidad con estándares internacionales de los derechos humanos".
Entre otras cosas, el informe impulsa al gobierno de Canadá:
a) A condicionar el apoyo canadiense "a compañías con responsabilidad social corporativa claramente definida y estándares de derechos humanos".
b) A establecer en Canadá normas legales claras para asegurarse de que las compañías y los residentes canadienses serán tenidos responsables cuando haya evidencia de violaciones ambientales y/o a los derechos humanos asociados a las actividades de las compañías de explotación minera canadienses.
Entre los proyectos cuestionados por el propio parlamento canadiense, cabe mencionar:
Ascendant Copper Corporation, con sede social en Vancouver, está intentando levantar financiamiento para desarrollar una mina de cobre en uno de los ecosistemas más diversos y amenazados del mundo, a pesar de la oposición vigorosa de líderes y de residentes locales elegidos a través del condado de Cotacachi, en Ecuador del noroeste. La compañía está intentando levantar millones de dólares en la bolsa de acciones de Toronto para llevar adelante su proyecto de Junín, y el gobierno de Canadá ha fallado en invitar a Ascendant para suspender sus actividades hasta que los asuntos en litigio pueden ser resueltos.
Comunidades en San Marcos, Guatemala, están trabados en una lucha con Glamis Gold Corporation de Canadá. A la mina Marlin de Glamis se le ha acusado de violación a los derechos indígenas y de amenazar los escasos abastecimientos de agua. A pesar de estas preocupaciones, el gobierno de Canadá ha estado promoviendo agresivamente los intereses de las compañías de explotación minera canadienses en Guatemala. Las comunidades locales votaron recientemente para rechazar la minería en el área, pero la compañía no ha aceptado y no ha respetado los deseos de la comunidad.
TVI Pacific está trabada en una lucha brutal con las comunidades en Siocon, Mindanao en las Filipinas. El informe parlamentario antedicho observa que el ’subcomité está profundamente inquieto sobre el posible impacto de las actividades de TVI Pacific Inc., una compañía de explotación minera canadiense, sobre los derechos indígenas y los derechos humanos de la gente en el área’ y hace un llamado para una investigación del gobierno en las actividades de TVI.”
Como se ve, lo que en Argentina las corporaciones transnacionales ejecutan impunemente, despierta cierto resquemor en los centros mundiales de poder. Este dato no es menor: es la prueba más contundente de que nuestros gobernantes están cumpliendo al pie de la letra los planes del Departamento de Estado norteamericano.
Efectivamente, en un documento del 10 de diciembre de 1974, desclasificado el 7 de marzo de 1989, el nefasto ex Secretario de Estado durante la presidencia de Richard Nixon, Henry Kissinger, dice (página 37), que de seguir el mundo así (tal como estaba en 1974) ’se generará una mayor dependencia de los países industrializados en las importaciones de materia prima de los países subdesarrollados”.
En la página 43, Kissinger resalta que la economía estadounidense, ’requerirá de grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero, especialmente de los países menos desarrollados”. Sesenta folios después, indica que ’hay que tener cuidado en que las presiones sobre los países menos desarrollados no sean vistos como una forma de imperialismo’.
En la página 114, el documento dice descaradamente lo mismo que lo señalado anteriormente: ’Es vital que el esfuerzo por desarrollar y fortalecer el compromiso por parte de los líderes de los países menos desarrollados no sea visto por ellos como una política de un país industrializado para mantener reducido su vigor para preservar recursos que serán usados por los países ricos.’
En consecuencia, no puedo en modo alguno consentir que se manifieste beneplácito porque nuestro país siga siendo sometido al saqueo más abyecto de que se tenga memoria.
La mentira del empleo minero y la preocupación de las multinacionales
Una de las estafas de las multinacionales mineras es que esa actividad económica genera trabajo. En el montaje de esa mentira colaboran asiduamente los medios comerciales de masas y los funcionarios de turno. Ellos se encargan de difundir informes estadísticas y proyecciones para convencer a las poblaciones de que “en poco tiempo veremos a San Juan inundado de trabajo” (Informe de Gioja, gobernador de San Juan, junio 2003)
Algo similar conocimos en el caso de las pasteras de Fray Bentos, promovidas por el gobierno del Frente Amplio; según Tabaré Vázquez “reportarían más de 2.000 empleos directos”. Sin embargo, los estudios presentados por universidades de Montevideo y de Entre Ríos, demostraron que el trabajo real para obreros y técnicos uruguayos se reducía a menos de un centenar.
Otro objetivo es impedir que las poblaciones se resistan a la instalación de las explotaciones mineras. Una minera tiene necesidad de invadir y ocupar territorios y desplazar poblaciones. Es un prerrequisito de infraestructura al que no están obligadas otro tipo de multinacionales.
En muchos casos logran que los habitantes piensen cosas como estas: “No importa que contaminen si es que trae laburo”, como dice el protagonista de la documental “Asecho a la Ilusión”, donde se relata el caso de Bajo La Alumbrera, en Catamarca.
LA VERDAD ES OTRA
En los países tradicionalmente mineros de Sudamérica (Brasil, Perú y Chile), esta industria ocupa, respectivamente, a 91.000 personas (lo que representa apenas el 0,1 % de la población económicamente activa), a 75.000 (equivalente al 0,9 % de la PEA ), y a 78.000 personas (el 1,4 % de la PEA) [1].
Las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas mineras son extremadamente insalubres y precarizadas, generándose día a día mayores índices de accidentes de trabajo como el producido el 14 de junio de 2004 en los yacimientos carboníferos de Río Turbio, cuando murieron catorce trabajadores. A este desastre humano, debemos sumar el “accidente” en la planta potabilizadora donde se procesa y lava el carbón, que causó la muerte del obrero Ramiro Marín, el día 23 de diciembre de 2005.
“El Estado Nacional parece decirles a Barrick Gold, Meridian Gold, Alumbrera Limited, y otras: ’Señores, estamos a su disposición. Dígannos que quieren, que lo vamos a hacer’”, acusa el Informe parlamentario presentado por el diputado Carlos Alberto Tinnirello, el 1º de junio de 2006.
“En realidad, -continúa el informante- el Presidente Kirchner ya se ha encargado de cumplir con esta vergonzosa tarea. En la presentación del Plan Minero Nacional, el 23/1/04, dirigiéndose a los ’representantes del sector minero’ dijo textualmente: “... todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión, y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar ...” [2].
Seguidamente se pregunta “¿Por qué el Presidente se manifiesta dispuesto a escuchar sólo a los empresarios y no a la población que continuamente se manifiesta en defensa de su medioambiente y los recursos naturales? ¿Por qué hace caso omiso a la población de Esquel, que se manifestó en un 81 % contra la minería a cielo abierto? ¿Por qué es sordo frente al 20 % de los habitantes de Santa María, Belén y Andalgalá, en Catamarca, que se han movilizado contra los proyectos Agua Rica y Filo Colorado, exigiendo plebiscito ante cualquier emprendimiento que pueda afectar el medio ambiente? ¿Qué lo lleva a ignorar la firme decisión de los habitantes del Valle de Uco, en Mendoza, de oponerse a la minería a cielo abierto en la zona de Papagayos?” (Informe 1º de junio 2006, Congreso Nacional, Argentina)
CUANDO “ELLOS” SE PREOCUPAN
La gravedad del saqueo de recursos y de los daños ambientales causados por las empresas que llevan adelante las actividades de megaminería ha llevado, incluso, a que el parlamento canadiense -país del que son originarios las mayor parte de las empresas dedicadas a la mega minería, entre ellas Minera Andes, una de las responsables del emprendimiento San José-Huevos Verdes- invitara al gobierno de ese país a terminar con las consecuencias sociales y medioambientales de las devastadoras explotaciones mineras canadienses fuera del país.
Un reciente informe parlamentario invita al gobierno a: cesar el apoyo de proyectos mineros canadienses destructivos en el exterior; considerar a las compañías de explotación minera canadienses legalmente responsables de las violaciones de los derechos ambientales y humanos en otros países, y forzar al Banco Mundial a respetar estándares internacionales de los derechos humanos [3].
En junio de 2005, la Comisión Permanente del Parlamento sobre Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional adoptó un informe en el que expresaba sus inquietudes sobre el hecho de que "Canadá todavía no tiene leyes para asegurarse de que las actividades de las compañías de explotación minera canadienses en países en vías de desarrollo se conforman con los estándares de derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores y de la gente indígena".
El informe discute que "mucho más debe ser hecho para asegurarse de que las compañías canadienses conduzcan sus actividades de manera social y ambientalmente responsable y en conformidad con estándares internacionales de los derechos humanos".
Entre otras cosas, el informe impulsa al gobierno de Canadá:
a) A condicionar el apoyo canadiense "a compañías con responsabilidad social corporativa claramente definida y estándares de derechos humanos".
b) A establecer en Canadá normas legales claras para asegurarse de que las compañías y los residentes canadienses serán tenidos responsables cuando haya evidencia de violaciones ambientales y/o a los derechos humanos asociados a las actividades de las compañías de explotación minera canadienses.
Entre los proyectos cuestionados por el propio parlamento canadiense, cabe mencionar:
Ascendant Copper Corporation, con sede social en Vancouver, está intentando levantar financiamiento para desarrollar una mina de cobre en uno de los ecosistemas más diversos y amenazados del mundo, a pesar de la oposición vigorosa de líderes y de residentes locales elegidos a través del condado de Cotacachi, en Ecuador del noroeste. La compañía está intentando levantar millones de dólares en la bolsa de acciones de Toronto para llevar adelante su proyecto de Junín, y el gobierno de Canadá ha fallado en invitar a Ascendant para suspender sus actividades hasta que los asuntos en litigio pueden ser resueltos.
Comunidades en San Marcos, Guatemala, están trabados en una lucha con Glamis Gold Corporation de Canadá. A la mina Marlin de Glamis se le ha acusado de violación a los derechos indígenas y de amenazar los escasos abastecimientos de agua. A pesar de estas preocupaciones, el gobierno de Canadá ha estado promoviendo agresivamente los intereses de las compañías de explotación minera canadienses en Guatemala. Las comunidades locales votaron recientemente para rechazar la minería en el área, pero la compañía no ha aceptado y no ha respetado los deseos de la comunidad.
TVI Pacific está trabada en una lucha brutal con las comunidades en Siocon, Mindanao en las Filipinas. El informe parlamentario antedicho observa que el ’subcomité está profundamente inquieto sobre el posible impacto de las actividades de TVI Pacific Inc., una compañía de explotación minera canadiense, sobre los derechos indígenas y los derechos humanos de la gente en el área’ y hace un llamado para una investigación del gobierno en las actividades de TVI.”
Como se ve, lo que en Argentina las corporaciones transnacionales ejecutan impunemente, despierta cierto resquemor en los centros mundiales de poder. Este dato no es menor: es la prueba más contundente de que nuestros gobernantes están cumpliendo al pie de la letra los planes del Departamento de Estado norteamericano.
Efectivamente, en un documento del 10 de diciembre de 1974, desclasificado el 7 de marzo de 1989, el nefasto ex Secretario de Estado durante la presidencia de Richard Nixon, Henry Kissinger, dice (página 37), que de seguir el mundo así (tal como estaba en 1974) ’se generará una mayor dependencia de los países industrializados en las importaciones de materia prima de los países subdesarrollados”.
En la página 43, Kissinger resalta que la economía estadounidense, ’requerirá de grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero, especialmente de los países menos desarrollados”. Sesenta folios después, indica que ’hay que tener cuidado en que las presiones sobre los países menos desarrollados no sean vistos como una forma de imperialismo’.
En la página 114, el documento dice descaradamente lo mismo que lo señalado anteriormente: ’Es vital que el esfuerzo por desarrollar y fortalecer el compromiso por parte de los líderes de los países menos desarrollados no sea visto por ellos como una política de un país industrializado para mantener reducido su vigor para preservar recursos que serán usados por los países ricos.’
En consecuencia, no puedo en modo alguno consentir que se manifieste beneplácito porque nuestro país siga siendo sometido al saqueo más abyecto de que se tenga memoria.
Empresas están listas para la exploración avanzada
Publicado el 25/Marzo/2010 | 00:15
Representantes de las compañías ECSA y Kinross Aurelian afirmaron que en los próximos dos o tres años se podría reiniciar la actividad de explotación
Uno de los objetivos que persiguen los organizadores de la feria Expo Minas 2010, que se realiza en Quito, es acelerar las autorizaciones para el reinicio de las actividades de exploración avanzada en el país, como parte de los vínculos entre el Estado y el sector privado, que se buscan estrechar en el evento.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, 12 empresas están autorizadas a reanudar sus actividades de exploración minera avanzada, suspendidas desde el año 2008.
El viceministro de Minas, Luis Bustamante, aclaró que dichas compañías habían presentado las solicitudes de reinicio de trabajos, pero aclaró que "tienen que cumplir con algunos parámetros en temas ambientales, (cuidado del) agua y de difusión en las zonas de influencia de cada uno de los proyectos".
Bustamante precisó que, "una vez que tengan todo eso, el Ministerio autorizará que retomen los trabajos en la fase que están suspendidos".
Al respecto, Dominic Channer, vocero de la canadiense Kinross Aurelian, señaló que su compañía tiene instalados cuatro taladros y más de 260 trabajadores en el sitio.
Los proyectos autorizados por el Ministerio están localizados en la provincia de Zamora-Chinchipe.
"La finalidad es concluir el estudio de prefactibilidad del proyecto Fruta del Norte durante este año, para que, en 2011, inicie el estudio de factibilidad", dijo el ejecutivo, a lo que añadió que "es difícil precisar cuándo se podría iniciar la explotación, pues depende de cuándo se pueda concretar el contrato con el Estado, sin embargo, pensamos que entre 2013 y 2014 podríamos comenzar".
El ejecutivo calificó de positivas las posibilidades mineras del país; además "la nueva Ley Minera puede atraer inversiones", señaló al indicar que "el Ecuador es un país que ha sido explorado, pero no en su potencial completo".
Asimismo, Leonardo Elizalde, vicepresidente de Asuntos Corporativos de ECSA, indicó que "con la autorización otorgada por el Ministerio de Recursos No Renovables, empezamos la actualización de nuestras bases de datos ambientales y técnicas, por lo que esperamos iniciar pronto con el desarrollo de la mina de Mirador". Para ello, ECSA tiene listo un estudio de factibilidad que tiene que ser aprobado por el Gobierno para empezar con la construcción de la mina, según indicó el vocero.
"Si es que los procesos no se detienen, creemos que la explotación del proyecto Mirador podría iniciar en 2012", dijo Elizalde, al tiempo de indicar que el ser la única empresa ecuatoriana con esta autorización "representa un compromiso, pues hemos cumplido con todas las expectativas planteadas".
Por otra parte, existen más empresas mineras interesadas en recibir las autorizaciones respectivas para empezar con la exploración avanzada.
Los proyectos serán analizados por el Gobierno y, en caso de ser aprobados, se firmarán los respectivos contratos para las siguientes fases. Los proyectos deben pasar por autorizaciones, licenciamiento ambiental y una serie de requisitos legales, según la Ley Minera vigente desde el año anterior.
Una de las aspirantes es Iamgold, que según Vicente Jaramillo, vocero de la compañía, espera un permiso de uso de agua, trámite que se retrasó por la redistribución de competencias entre las autoridades mineras de Cuenca, donde la empresa tiene su sede. Por lo pronto, la compañía tiene la respectiva licencia ambiental.
Representantes de las compañías ECSA y Kinross Aurelian afirmaron que en los próximos dos o tres años se podría reiniciar la actividad de explotación
Uno de los objetivos que persiguen los organizadores de la feria Expo Minas 2010, que se realiza en Quito, es acelerar las autorizaciones para el reinicio de las actividades de exploración avanzada en el país, como parte de los vínculos entre el Estado y el sector privado, que se buscan estrechar en el evento.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, 12 empresas están autorizadas a reanudar sus actividades de exploración minera avanzada, suspendidas desde el año 2008.
El viceministro de Minas, Luis Bustamante, aclaró que dichas compañías habían presentado las solicitudes de reinicio de trabajos, pero aclaró que "tienen que cumplir con algunos parámetros en temas ambientales, (cuidado del) agua y de difusión en las zonas de influencia de cada uno de los proyectos".
Bustamante precisó que, "una vez que tengan todo eso, el Ministerio autorizará que retomen los trabajos en la fase que están suspendidos".
Al respecto, Dominic Channer, vocero de la canadiense Kinross Aurelian, señaló que su compañía tiene instalados cuatro taladros y más de 260 trabajadores en el sitio.
Los proyectos autorizados por el Ministerio están localizados en la provincia de Zamora-Chinchipe.
"La finalidad es concluir el estudio de prefactibilidad del proyecto Fruta del Norte durante este año, para que, en 2011, inicie el estudio de factibilidad", dijo el ejecutivo, a lo que añadió que "es difícil precisar cuándo se podría iniciar la explotación, pues depende de cuándo se pueda concretar el contrato con el Estado, sin embargo, pensamos que entre 2013 y 2014 podríamos comenzar".
El ejecutivo calificó de positivas las posibilidades mineras del país; además "la nueva Ley Minera puede atraer inversiones", señaló al indicar que "el Ecuador es un país que ha sido explorado, pero no en su potencial completo".
Asimismo, Leonardo Elizalde, vicepresidente de Asuntos Corporativos de ECSA, indicó que "con la autorización otorgada por el Ministerio de Recursos No Renovables, empezamos la actualización de nuestras bases de datos ambientales y técnicas, por lo que esperamos iniciar pronto con el desarrollo de la mina de Mirador". Para ello, ECSA tiene listo un estudio de factibilidad que tiene que ser aprobado por el Gobierno para empezar con la construcción de la mina, según indicó el vocero.
"Si es que los procesos no se detienen, creemos que la explotación del proyecto Mirador podría iniciar en 2012", dijo Elizalde, al tiempo de indicar que el ser la única empresa ecuatoriana con esta autorización "representa un compromiso, pues hemos cumplido con todas las expectativas planteadas".
Por otra parte, existen más empresas mineras interesadas en recibir las autorizaciones respectivas para empezar con la exploración avanzada.
Los proyectos serán analizados por el Gobierno y, en caso de ser aprobados, se firmarán los respectivos contratos para las siguientes fases. Los proyectos deben pasar por autorizaciones, licenciamiento ambiental y una serie de requisitos legales, según la Ley Minera vigente desde el año anterior.
Una de las aspirantes es Iamgold, que según Vicente Jaramillo, vocero de la compañía, espera un permiso de uso de agua, trámite que se retrasó por la redistribución de competencias entre las autoridades mineras de Cuenca, donde la empresa tiene su sede. Por lo pronto, la compañía tiene la respectiva licencia ambiental.
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