Perú?
Por Javier Rodríguez Pardo*
“Los Shuar necesitamos toda la información posible de la minería
transnacional. Los aportes que nos traen ustedes. Saber qué hicieron en
otros lugares. También que nos apoyen, que vengan a la Amazonía, que estén
con nosotros. Este año voy a disponer que en la Amazonía se plebiscite la
minería. Para entonces queremos tenerlos aquí, con toda la información y con
la experiencia que ya tienen.”
Marcelino Chumpí es el primer shuar que preside la Prefectura de Morona
Santiago, cantón Morona de la Amazonía del Ecuador. Con la palabra de este
dirigente de la etnia shuar iniciamos el presente informe, recogido en Macas
(32.000 habitantes), cabecera cantonal y provincial en plena selva
amazónica, en un encuentro internacional donde expusimos nuestra ponencia
sobre “Minería transfronteriza” (En el marco de la OCMAL, Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina, julio 6/9-2009). Marcelino Chumpí
reclama además la participación y apoyo de la comunidad internacional.
La Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) la componen 120.000
miembros de 500 núcleos o comunidades de familias (centros), ubicados en
cinco provincias orientales del Ecuador: Morona Santiago, Zamora, Chinchipe,
Pastaza y Napo. Se constituyó el 22 de octubre de 1964 (acuerdo ministerial
2568) mediante un fuerte rechazo a los tratados de libre comercio y a la
minería mediante un boletín memorable:
” El Consejo de Gobierno de la FICSH acordó lo siguiente:
a) Rechazar la actitud inconsulta, antidemocrática del Gobierno Nacional,
para la firma del TLC.
b) Exigir el retiro inmediato de las compañías mineras que están realizando
explotaciones.
c) No permitir el ingreso de la compañía petrolera en los Bloques 23 y 24.
d) Exigir al Gobierno Nacional que antes de la firma del Tratado de Libre
Comercio se consulte al pueblo ecuatoriano.
e) Continuar solidarios con la Movilización Nacional de la CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) con carácter de
indefinido.
f.) Programar reuniones con el Prefecto de la Provincia y Consejeros, con
los señores Alcaldes, Concejales, con todos los sectores sociales
organizados y convocar a hombres, mujeres, estudiantes y juventud en general
para generar una fuerza de presión para que el gobierno ponga oídos y acepte
la consulta popular.
g) Exigir al gobierno central la asignación de mayor presupuesto para que
cuanto antes, se termine con la construcción de la Troncal Amazónica, la
carretera Macas-Riobamba-Mendéz-Guarrumales, Macas-Macuma-Taisha a Yaupi, y
para la terminación del puente río Pastaza.
h) De acuerdo con el desarrollo del paro nacional, en una forma progresiva
se irán aplicando medidas de hecho como el caso del bloqueo de las
carreteras de nuestra provincia.”
Una de las primeras medidas de la FICSH fue el sistema bilingüe de educación
simultáneamente con el movimiento Pachakutic “para captar espacios de poder
político en funciones públicas”, nos explicaba Jorge Unkuchuc.
El actual presidente de la federación es Pepe Akachú y fue el encargado de
cerrar el encuentro de minería transfronteriza advirtiendo en lengua Shuar
Chicham (común a todos los Jíbaros) que no permitirán “la explotación de la
minería en sus territorios. En los territorios de la Cordillera del Cóndor
somos mayoría shuar y nos opusimos siempre a la minería. Es un área de
conflictos permanentes -dice Akachú- y nunca fuimos consultados. Mediante la
FICSH se quiso suscribir en 1998 un convenio de socialización minera con la
compañía Ecuacorriente y -sentencia de manera amenazante- los dirigentes
fueron destituidos por las bases, en asambleas, y hoy no hay petroleras ni
mineras en territorios shuar”. Además de esta etnia mayoritaria en la región
amazónica, también conviven los achuar, andoas, cofan, huaoraní, kichwa,
sarguro, secoya, shiwiar, siona, zaparo y quijos.
“En 2008 -recuerda el presidente de la FICSH- una compañía estaba operando
sin permiso en el cantón Tiwintsa, sin informe de impacto ambiental, estaban
ilegales -comenta- entregaban arroz y otros alimentos para convencer a los
shuar del lugar. Los expulsamos, como también hicimos en San Carlos de Limón
(cantón San Juan Bosco) donde la compañía Ecuacorriente actuó protegida por
la policía para extraer muestras testigo de yacimientos mineros, pero
impedimos que se las llevaran”.
El mensaje de Pepe Akachú, elegido hace escasos meses presidente de la
federación shuar, concluyó con una fuerte declaración en respaldo de los
hermanos Shiwiar y Awajún (o Aguaruna) , asesinados en la masacre de Bagua,
Perú, el 5 de junio pasado; varias etnias comparten la frontera amazónica:
“Cuando condenamos la masacre -dice Akachú- el gobierno de Correa nos tildó
de guerrilleros y terroristas, que íbamos a defender a nuestros hermanos con
las armas.
“Bien sabemos que fuimos el frente ensangrentado de las guerras
Ecuador-Perú, entre pueblos hermanos, ahora debemos unirnos porque el
enemigo invasor está en ambos lados con gobiernos que piensan igual, que
quieren hacer entrar a la minería y a las petroleras. Nosotros no tenemos
fronteras. Es la misma selva amazónica. El bosque es nuestra madre. Y los
que están de un lado también tienen familia de este otro. Debemos estar
vigilantes. Nuestra selva es pulmón del mundo”.
A raíz de estas exposiciones pero fundamentalmente de observaciones y
diálogos que sostuvimos en Macas con el pueblo Shuar Arutam (Shuar: persona,
Arutam: Dios). aventuramos algunas conclusiones, apoyadas en hechos
históricos y en acciones que se proyectan inevitables:
La masacre de Bagua en la Amazonía peruana
El 5 de junio de 2009 el mundo se conmovió al conocer la matanza de
numerosos indígenas de las tribus Awajún y Wampís y también de Shuar y
Achuar. Miembros de la iglesia salesiana con asiento en el lugar de los
hechos intentaron llegar hasta los aguarunas pero se lo impidió la policía
peruana. Por entonces la zona era un pandemonio de médicos, enfermeras,
periodistas y fuerzas armadas. Las muertes se multiplicaban como reguero.
Al principio se habló de 25 cadáveres de aguarunas y varios de policías. Los
cadáveres de los nativos desaparecieron, ocultados rápidamente por los
represores y arrojados al río, pero se calculan varias decenas de indígenas
muertos. El gobierno de Alan García pretende eludir su responsabilidad, pero
especialistas en el conflicto aducen que “el enfrentamiento se podía haber
evitado si el día anterior el Congreso hubiera tratado el tema de los
decretos y leyes sobre la explotación petrolera y minera en la selva
amazónica” (Testimonio de la Iglesia de Jaén- Marañón, 9 de junio de 2009).
Los aguarunas (awajún) y huambisas (wampìs) fueron perseguidos y huyeron al
verse inferiores a los soldados del gobierno que portaban armas de
repetición de grueso calibre. Parte de las fuerzas que intervinieron
pertenecen a la DINOES (cuerpo policial especializado) en tanto los nativos
portaban sólo lanzas. Catorce indígenas más cayeron en la huida. Un
testimonio de la iglesia de Jaén afirma que muchos cruzaron el río Marañón y
se refugiaron en la parroquia de Bellavista. Otros lo hicieron en las
capillas de las dos Baguas y la mayoría en la espesura amazónica. (Se
contabilizó un centenar de indígenas heridos).
Al día siguiente, 6 de junio, ocurrió la matanza de los policías, entendible
en la cultura de los pueblos jíbaro pues consideran a la venganza como única
forma de “derrotar al espíritu del enemigo y de no ser considerados
cobardes.” Se calcula que con lanzas, exponiendo sus cuerpos, algunos
indígenas alcanzaron a arrebatarle las armas a los policías, porque en las
guerras de Perú y Ecuador supieron como utilizarlas al servir de tropa en
ambos gobiernos fronterizos. El contraataque indígena, la emboscada, es la
excusa de Alan García para tildar las muertes de los policías como el origen
de la matanza. Pero los policías fueron baleados con la misma munición que
portaban para sus fusiles automáticos AKM, que los nativos le arrebataron a
la fuerza, en tanto bombas lacrimógenas y explosivos diversos arrojados
desde helicópteros, abrieron al medio cabezas y rostros indígenas. La
iniquidad de las batallas fue total.
El sacerdote salesiano Juan de la Cruz nos contaba que “la brecha de
desconfianza de los nativos amazónicos hacia el Estado peruano se ha hecho
enorme. Es que la cultura de los pueblos jíbaros Awajún y Wampis es distinta
incluso a la mestiza. Los aguarunas (awajún) tienden manos de amistad y son
agradecidos y muy solidarios pero al sentirse amenazados aflora la
ascendencia de una de las culturas más agresivas de la Amazonía: recién hace
80 años que tomaron contacto con la cultura occidental y menos de 50 años
que dejaron la Tsantsa (práctica de reducir las cabezas de sus enemigos) y
ante la orden del gobierno de desbloquear por la fuerza el paso cortado por
más de 1.500 indígenas de estas comunidades jíbaras, se produjo la masacre.
La acción de los awajún y wampis impedía el paso de transportes por la
carretera Belaunde Terry, en el sector llamado Curva del Diablo, entre
Cajamarca y Bagua en la Amazonía, al norte de la selva peruana.
Acompañados por la Federación de Rondas Campesinas de Jaén había otro
bloqueo de la misma ruta en el cruce de Chamaya, exigiendo plebiscitos, la
derogación de las leyes que entregan los bienes comunes de los pueblos
indígenas y la defensa de la biodiversidad diezmada por petroleras y mineras
voraces. Un mes y medio de protestas con paralización de actividades
concluyó con una de las masacres más aberrantes de pueblos indígenas. En
Bagua, el pueblo soliviantado destruyó el local del partido aprista mientras
otro grupo de indígenas tomaron la estación de bombeo del Oleoducto
Norperuano de Petroperú, con 38 policías rehenes. El ejército rescató a 22
policías con vida, en tanto el gobierno ocultó las cifras de las comunidades
awajún y wampis que cayeron en la fatídica estación 6ª de bombeo. No cabe
duda que el autoritarismo fascista del gobierno aprista de García gobierna
sin razones y con represión violenta.
Una de las partes ignora hasta qué punto hay pueblos que entregarán su vida
en defensa de sus territorios ancestrales. Es responsabilidad del gobierno
saber eso. La cosmovisión indígena de la Amazonía se asemeja en este caso a
la mapuche austral del sur de nuestro continente: “El bosque, los ríos y los
animales son morada de los espíritus y atentar contra el medio ambiente es
atentar contra su religión.” La Pachamama mora en sus montañas, lagos y
ríos. Para los pueblos awajún y wampis la venganza es una exigencia y no
cumplir con ella es olvidar a sus seres caídos. Contraatacan para tomarse
vida por vida, creencia ancestral del pueblo jíbaro guerrero. Reaccionaron
de la única manera que conocen.
En tanto el presidente Alan García los tilda de “perros del hortelano”: que
no comen ni dejan comer, y pone en práctica siete decretos con los que cede
la Amazonía a las corporaciones petroleras, de gas y minerales, pero también
a las madereras y de agrocombustibles. Dijo además que “los ecologistas son
los comunistas de hoy” y que se trata de una conspiración extranjera de
estas organizaciones y de derechos humanos asociadas con los presidentes de
Venezuela y de Bolivia (Hugo Chávez y Evo Morales).
Tales términos nos recuerda a los discursos neoliberales de la ex secretaria
de medio ambiental del gobierno argentino de Carlos Menem, María Julia
Alsogaray, quien no dudaba en tildar a los ecologistas de “agentes sandía”:
verdes por fuera y rojos por dentro; con su mediocridad no le resultaría
difícil calificar de igual modo a la nación jíbara de la Amazonía.
Personalmente creo que se abre un abanico de múltiples acciones donde el
gobierno de Alan García, y él mismo en persona, no las tiene todas consigo.
Sostenemos que la masacre de Bagua, después de haber recorrido e interrogado
a dirigentes indígenas de la región ecuatoriana y a los que ingresaron del
Perú, implica “otro” comienzo, nuevas pautas de relación con los habitantes
de la selva amazónica y mayor trabajo de los docentes y profesionales shuar
que forman parte de sus comunidades. Educadores shuar partícipes del
encuentro transfronterizo de Macas nos agradecieron unas páginas sobre los
métodos extractivos de las corporaciones mineras exclamando: “me acaba de
entregar un rifle”.
Los shuar por ejemplo, apuestan a dominar todos los estamentos del gobierno
del Ecuador y es que crecen a un ritmo vertiginoso. Se preparan, mandan a
sus hijos a colegios y a universidades occidentales, pero no olvidan su
propia lengua y cultura. Muchos ya son reconocidos profesionales; el actual
prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpi, es licenciado en sociología y
ciencias políticas, master en gobernabilidad, manejo de conflictos y
catedrático universitario, preside algunas consultorías y es representante
del Ecuador ante el Fondo Indígena.
Es común que muchos varones tengan más de cinco hijos y más de una esposa;
hemos caminado por Macas con un nativo que nos habló de sus 21 hijos y cinco
esposas. A ese ritmo no será difícil obtener la mayoría a la hora de elegir
representantes. Por ahora la comunidad shuar de Ecuador cuenta con 31
alcaldes y 5 prefectos a nivel nacional, además de 25 juntas parroquiales en
cargos de dominio público, funcionarios, concejalías y diputaciones. Sus 14
nacionalidades se preparan para rechazar más de 200 proyectos
hidroeléctricos concebidos por el gobierno de Correa para la devastación y
el saqueo, 36 bloques petroleros y 842.000 hectáreas en concesión a
trasnacionales mineras.
Exigirán la aplicación real de la Asamblea Constituyente de la que ya se
olvidó Rafael Correa y donde se expresa que la Naturaleza es sujeto de
derecho: “A pesar de Correa lucharemos para impedir la destrucción de
nuestra Amazonía” aseguraba otro ecuatoriano de Saracuse, representante de
Resistencias Populares Indígenas, “exigiremos la inconstitucionalidad de la
ley minera de Correa aunque será sólo con la acción de nuestros pueblos que
podremos abolirla”. El shuar Raúl Petsein dirige los programas de la FICSH;
explicó que “la Federación sirvió para que se reconozca la cultura
transnacional bilingüe, ganar los espacios políticos para obras de
infraestructura, actividades productivas y sostenibles de nuestro territorio
y -recalcó- gracias a eso tenemos un territorio con fauna y flora”.
Los territorios de la Amazonía en manos de los shuar comienzan a labrar otro
destino. El prefecto Marcelino Chumpi, hizo público su compromiso de
plebiscitar la provincia de Morona Santiago para declararla ecológicamente
sostenible. Pidió nuestra participación y que regresemos con toda la
información que tengamos, además de profesionales, ingenieros de minas,
hidrogeólogos, etc., “que nos ayuden a contrarrestar -dijo- la información
tendenciosa de las corporaciones mineras”.
Contigua a Morona y a la provincia de Azuay se halla la provincia de Zamora
Chinchipe, sur oriente de la Amazonía. Es una región montañosa, orografía
que la diferencia del resto de la región amazónica. Salvador Quisphe Lozano
(38 años), es su Prefecto electo (como ya mencionamos). Al igual que Chumpi,
el prefecto zamorano también se recibió de sociólogo, especializado en
idiomas quichua e inglés. Fundó la actual Federación Provincial de Saraguros
de Zamora Chinchipe. Ocupó la presidencia de la Confederación de Pueblos
Quíchuas del Ecuador (1999-ECUARUNARI). Sus discursos en la campaña
electoral se centraron en la defensa de los recursos naturales, sin embargo
algunas posiciones intransigentes lo ubicaron favorablemente en los primeros
planos de la política ecuatoriana.
Salvador Quisphe fue, junto con Antonio Vargas (ex-presidente de la CONAIE),
quien se alzó mediante una revuelta indígena contra el gobierno de Jamil
Mahuad, literalmente entregado a los intereses del Fondo Monetario
Internacional y de la banca ecuatoriana; derrocaron a Mahuad con
movilizaciones indígenas y populares. Más tarde en 2008, Quisphe fue asesor
del bloque de Asambleístas de Pachakutik en la Asamblea Nacional
Constituyente de Montecristi. En todas sus funciones (aún cuando fue
diputado) el electo Prefecto de Zamora manifestó prioridad por la defensa de
los recursos naturales y el medio ambiente de Ecuador.
Es conocido su absoluto rechazo a las transnacionales mineras y por esta
circunstancia soportó la cárcel durante los gobiernos de Lucio Gutiérrez,
Alfredo Palacios y del propio Rafael Correa; gobiernos que cedieron el
patrimonio que guarda el suelo amazónico a la voracidad de las corporaciones
mineras como la Corrientes Resourses o ECSA con el cobre de la Cordillera
del Cóndor, y la Aurelian y IMGOLD con el oro. Salvador Quisphe le ganó las
últimas elecciones a una coalición gestada por el gobierno de Correa con
socialcristianos y empresas mineras.
A propósito promocionó un impactante mensaje preelectoral que supo repetir
ante nosotros en el encuentro transfronterizo de Macas: “Ni al gobierno de
Rafael Correa, ni a las empresas mineras, les interesaba quien ganaría la
prefectura de Zamora Chichipe; lo que a ellos les importaba es que no ganara
Salvador Quisphe porque saben que con un prefecto como yo no será fácil
llevarse nuestra riqueza mediante un puñado de canadienses… La minería a
gran escala no respeta los derechos del agua, los derechos colectivos, los
derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, el Sumak Kawsay (buen
vivir) y por ello rechazaremos este tipo de minería”. Con Quisphe dialogamos
en Macas sobre el futuro de la región amazónica y las compañías mineras que
ya desembarcaron de la mano del presidente Correa.
De igual modo se expresa Domingo Ankuask. Primero se presenta como shuar y
luego como presidente de la CONFENIAE, Confederación de Nacionalidades
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Dice que “lasNacionalidades y Pueblos
de la Amazonía rechazan a la minería transnacional a cielo abierto y viven
movilizados en Zamora y Morona Santiago para defender sus territorios
amenazados por los proyectos mineros inconsultos” y que “si las mineras
mantienen a unos pocos asalariados shuar para que dividan a su pueblo y lo
desprestigien con sus posiciones de entrega y traiciones, habemos decenas de
miles de shuar que estamos dispuestos a defender hasta con la vida el
territorio y la cultura de nuestros hijos.
No creemos en las falsas promesas de las mineras y sus testaferros”
Dejamos Macas y la región amazónica con la sensación de haber estado ante
pueblos decididos a todo. De inmediato rondaba la pregunta ¿Se repetirá lo
de Bagua en Ecuador?
Por lo pronto la ley minera de Rafael Correa es una virtual provocación y un
escupitajo sobre la Asamblea Constituyente de Montecristi. Una ley que le
otorga tiempo ilimitado a la actividad minera y múltiples facilidades. Pero
la ley de Correa supera con creces, en leonina, a los decretos de Alan
García que ocasionaron la masacre de Bagua. Hoy las organizaciones sociales,
populares e indígenas la demandan por inconstitucional. La nueva ley minera
que se discute en Ecuador no sólo facilita la actividad de las
transnacionales extractivas sino que delimita zonas de frontera con un
espacio de 40 kms. (y marítimo de 12 millas), donde toda la Cordillera del
Cóndor está sujeta a esta ley de Seguridad Nacional, porque en esas fajas
territoriales clasificadas y hasta secretas se hallan precisamente las
concesiones mineras de Ecuador. La ley por tanto, admite en ellas la
presencia y accionar de las fuerzas armadas por motivos de seguridad
nacional.
Nos preguntamos una vez más ¿Se repetirá en Ecuador la masacre de Perú?
—
* Javier Rodríguez Pardo es ambientalista especializado en minería. Recorrió
la Amazonía ecuatoriana junto con pobladores originarios de la región y
publicó este artículo en el que detalla lo perjudicial que es la Ley minera
promovida por el gobierno.
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