miércoles, 17 de febrero de 2010

India: El gobierno debe detener el proyecto de minería de bauxita y la expansión de la refinería de aluminio hasta que se aborden los derechos humanos

Entra en www.actuaconamnistia.org para detener la actividad empresarial que amenaza a las comunidades indígenas

Londres/Madrid.- Delhi.– Las autoridades indias han ofrecido a las comunidades locales información escasa o engañosa sobre los posibles efectos del proyecto de minería de bauxita y la expansión de la refinería de aluminio en Orissa para su explotación por empresas subsidiarias de la corporación Vedanta Resources, con sede en Reino Unido, según afirma Amnistía Internacional.

El nuevo informe de Amnistía Internacional, titulado Don’t Mine Us out of Existence: Bauxite Mine and Refinery Devastate Lives in India, documenta la contaminación del aire y del agua que amenaza la salud de la población local y su acceso al agua, que se deriva de una refinería de aluminio operada en Orissa por una empresa subsidiaria de Vedanta Resources, corporación con sede en Reino Unido que figura en el índice bursátil del Financial Times.

“La población vive a la sombra de una refinería gigantesca, respirando aire contaminado y con miedo a beber y a bañarse en un río que es una de las principales fuentes de agua de la región –afirmó Ramesh Gopalakrishnan, investigador de Amnistía Internacional sobre el sur de Asia–. Resulta escandaloso que se haya ofrecido información mínima a las personas más afectadas por el proyecto.”

Indígenas adivasis, dalits y otras comunidades marginadas en la remota zona de Orissa, donde se ubica la refinería, han contado a Amnistía Internacional que las autoridades les dijeron que la refinería transformaría la zona en una ciudad como Bombay o Dubai.

La Junta Estatal de Control de la Contaminación de Orissa ha documentado contaminación del aire y del agua derivada de la refinería de Vedanta Aluminium en Lanjigarh, Orissa. Amnistía Internacional concluyó que la contaminación amenazaba la salud de la población local y su acceso al agua limpia, y sin embargo apenas se daba seguimiento a los índices de salud.

“Antes nos bañábamos en el río, pero ahora me da miedo llevar a mis hijos allí. Los dos han tenido erupciones y ampollas” dijo una residente local a Amnistía Internacional. La organización ha documentado muchos relatos como éste de personas que viven alrededor de la refinería.

Pese a estos motivos de preocupación y a la delicada ubicación de la refinería desde el punto de vista ecológico –junto a un río y varias poblaciones–, el gobierno está estudiando una propuesta de multiplicar por seis la actividad de la refinería. Ni las autoridades indias ni la empresa, Vedanta, han dado a conocer la información relativa al alcance de la contaminación y sus posibles efectos en las comunidades locales.

La empresa Orissa Mining Corporation y otras empresas subsidiarias de Vedanta Resources tienen también previsto explotar una mina de bauxita en los cercanos montes de Niyamgiri. La mina prevista pone en peligro la misma existencia de la comunidad indígena protegida de los dongria kondh, formada por 8.000 miembros, que habita esos montes desde hace siglos. A pesar de que los dongria kondh consideran esos montes sagrados y esenciales para su supervivencia física, económica y cultural, no se ha establecido un proceso para buscar el consentimiento informado de esta comunidad.

Un indígena dongria kondh contó a Amnistía Internacional: “Hemos visto lo que les ha pasado a otros adivasis cuando han tenido que abandonar sus tierras tradicionales: lo han perdido todo”.

“La población de Orissa está entre las más pobres de India y la contaminación que produce la refinería pone en peligro su salud. Vedanta Resources y sus empresas asociadas hacen caso omiso de sus voces, al igual que el gobierno local de Orissa. Los cambios sobre el terreno no se han consultado debidamente a la población local, y sin embargo son sus vidas y sus posibilidades de sobrevivir los que están en juego” afirmó Ramesh Gopalakrishnan.

Amnistía Internacional ha pedido garantías al gobierno de India y a Vedanta Resources de que no seguirán adelante con sus planes de expansión de la refinería y las actividades de minería hasta que se hayan resuelto los problemas existentes. Además, la organización ha instado a celebrar consultas plenas con la población local y ha pedido a las autoridades indias que pongan en marcha un proceso destinado a conseguir el consentimiento libre e informado de la comunidad dongria kondh.

Además, la organización ha lanzado una campaña a través de www.actuaconamnistia.org, para pedirle al Gobierno indio que retire el permiso de los proyectos extractivos de Vedanta Resources Plc, hasta que se realice una evaluación de impacto en términos de derechos humanos.

Notas para periodistas:
La refinería de aluminio ubicada en Lanjigarh está gestionada por Vedanta Aluminium Ltd. Vedanta Resources posee el 70,5 por ciento de Vedanta Aluminium, y Sterlite India Ltd., el 29,5 por ciento restante. Vedanta Resources posee el 59,9 por ciento de Sterlite India y controla la gestión de la empresa. El proyecto de minería estaría a cargo de una empresa conjunta, llamada South-west Orissa Bauxite Mining Corporation, en la que participarían Sterlite India (74 por ciento) y Orissa Mining Corporation, de propiedad estatal (26 por ciento).

Los dongria kondh son indígenas adivasis; la Comisión Central Autorizada (Central Empowered Committee, CEC), nombrada por el Tribunal Supremo de India, considera que es una comunidad “en peligro”.

Según el derecho internacional, el gobierno de India tiene la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, entre ellos el derecho al agua y a la salud, y proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras que ocupan tradicionalmente. La obligación de proteger exige que los Estados adopten medidas para garantizar que otros agentes, como las empresas, no menoscaben o conculquen los derechos humanos. El hecho de que los gobiernos no protejan los derechos humanos no exime a las empresas de su responsabilidad sobre sus operaciones y cómo repercuten en los derechos humanos. Las empresas deberían, como mínimo, respetar todos los derechos humanos.

Este informe se integra en la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, destinada a poner fin a las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza mundial y la agravan. La campaña persigue movilizar a personas en todo el mundo para que reclamen a gobiernos, grandes empresas y otras entidades influyentes que escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Más información en http://www.es.amnesty.org/exigedignidad/

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