Por iniciativa de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa del Ambiente y la Naturaleza CEDENMA, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil han conformado el Grupo de Trabajo sobre Minería para compartir información y análisis sobre los impactos socioambientales de la actividad minera y coordinar acciones de incidencia política en defensa de los derechos de las comunidades y de la naturaleza afectados por dicha actividad.
El presente Boletín constituye un resumen de los principales temas tratados por el Grupo de Trabajo sobre Minería en su reunión de enero de 2010.
Posición de CEDENMA sobre la actividad minera
CEDENMA viene impulsando y apoyando acciones en contra de la instalación en nuestro país, de proyectos mineros a “cielo abierto y a gran escala”, en pleno conocimiento de los graves e irreversibles impactos ambientales y sociales que estos proyectos ocasionan.
EcoCiencia trabaja sobre los impactos de la actividad minera en los páramos andinos
El equipo del proyecto Páramo Andino, coordinado por EcoCiencia, realizó un análisis de la actividad minera en los páramos del Ecuador con base en el Catastro Minero del 2009 de la Dirección Nacional de Minería del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables,
Páramo Andino concluye que de la superficie total del ecosistema páramo (1.34 millones de hectáreas), un 12.53 % está afectado por actividades mineras que se concentran en el sur del país (Azuay, Loja, Zamora Chinchipe).
Pese a la expedición del Mandato Minero No. 6 (2007), el cual suspendió toda actividad minera en áreas protegidas y otros ecosistemas frágiles, como son los páramos por su importancia hidrológica y para la vida de poblaciones de altura, 167 mil hectáreas de páramo siguen afectadas por la minería. Entre estas áreas afectadas, 260 hectáreas están al interior del Parque Nacional Cajas y otras 79 mil hectáreas en bosques protectores (especialmente en la cuenca del río Paute). La actividad minera en estas áreas no solo es inconstitucional, sino que afectaría la provisión de agua para la generación eléctrica de la que depende la nación.
El Grupo de Trabajo sobre Minería hace eco de la exigencia de Eco Ciencia de que se elimine toda actividad minera en las áreas de páramo protegidas por unidades del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de Bosques Protectores. La Constitución del Ecuador protege a los ecosistema frágiles, como los páramos, (Art. 406) áreas con limitaciones de uso y dominio a favor de la colectividad, el buen vivir y los derechos de la naturaleza.
Malos comienzos para la nueva Constitución: La Ley de Minería y el silencio de la Corte Constitucional
En enero de 2009 se publico la nueva ley de minería, la cual incurre en una serie de inconstitucionalidades como:
• A pesar de ser una ley ordinaria, por la materia, se le trató de dar la categoría de ley orgánica al incluir en su texto una disposición por la cual “sus normas prevalecerán sobre otras leyes y sólo podrá ser modificada o derogada por disposición expresa de otra ley destinada específicamente a tales fines.”
• A pesar de ser una ley que regula una actividad de gran impacto al ambiente y que se desarrollaría en territorio de nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, esta ley no fue consultada a los pueblos y nacionalidades indígenas como lo ordena la Constitución.
• En la ley se estipula el derecho de las compañías mineras de establecer las “servidumbres” que crean necesarias para realizar su actividad, lo cual contrasta con el derecho a la integralidad del territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.
• La ley establece la libertad de prospección, con la cual las empresas mineras pueden explorar libremente dentro de terrenos de campesinos o territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas sin solicitar su consentimiento.
• La ley confunde la consulta previa ambiental y la consulta previa a pueblos y nacionalidades indígenas, a pesar de que tienen características propias y sus resultados tienen un estándar diferente, ya que la consulta previa a pueblos y nacionalidades indígenas debe realizarse con el fin de alcanzar su consentimiento libre e informado.
• La ley da igualdad de trato a las compañías públicas, comunitarias y privadas, lo cual contradice el principio de la excepcionalidad de la actividad privada en los sectores estratégicos.
• La ley crea un régimen laboral alterno, donde no se respetan los porcentajes de las utilidades que deben recibir los trabajadores mineros de acuerdo con el Código del Trabajo, el cual es una ley de categoría superior a la Ley de Minería.
• La ley de minería incentiva una actividad que es contraria a los Derechos de la Naturaleza y al Sumak Kawsay, ya que lleva consigo la deforestación, la contaminación del agua, el desplazamiento forzoso y la desaparición de actividades sostenibles que le son incompatibles.
El 17 de marzo de 2009, la CONAIE presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería. La Corte Constitucional tras casi un año, y luego de violar los plazos que se auto impuso para conocer y resolver este tipo de acciones, guarda un silencio cómplice sobre las violaciones a derechos fundamentales que conlleva la vigencia de esta Ley.
Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los Planes de Manejo Ambiental (PMA) en la Actividad Minera
Los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) y los Planes de Manejo Ambiental (PMAs), se han convertido en estudios netamente burocráticos, que se elaboran con muy poco rigor técnico y científico y no garantizan el cumplimiento de las normativas ambientales. De hecho, en repetidas ocasiones se ha detectado que esos estudios son adaptaciones formales de un modelo anterior, lo que ha llevado a que se registren enormes inexactitudes.
Además, las autoridades responsables por la revisión y aprobación de los EIAs y PMAs no cuentan con capacidad técnica ni institucional para realizar una revisión crítica; establecer correctivos y, menos aún, realizar un seguimiento, tanto por el volumen de esos documentos, como por su número y por la reducida plantilla de funcionarios asignados a tal fin. Una adecuada evaluación y seguimiento de los EIA y PMA en esas condiciones no es realista.
Por otro lado, al ser tomados como meros requisitos que deben anexarse a un trámite para obtener una licencia ambiental, los EIAs y PMAs no constituyen documentos que reflejen la realidad ambiental determinada ni mucho menos una previsión real de afectación, manejo o recuperación.
Un ejemplo de eso es el EIA presentado por la empresa Ecuacorriente para el proyecto Mirador. Tanto en su versión original como en el EIA Ampliatorio, Ecuacorriente presenta información de línea de base incompleta y desactualizada en materia geológica e hidrología. El EIA de Ecuacorriente no abarca todas las cuencas hidrológicas que serían afectadas por el proyecto, sobren presenta información sobre las condiciones de las aguas superficiales y subterráneas en las áreas propuestas para la escombrera y depósito de relaves. Ecuacorriente tampoco ha presentado estudios geológicos detallados del lugar, respecto a la estabilidad física del embalse y la movilidad de los contaminantes potenciales y dentro de las aguas subterráneas.
De todos los factores que influyen en la estabilidad física de un depósito de relaves durante y después de la fase de operaciones (post clausura), la hidrología es posiblemente el más importante.
El EIA de Ecuacorriente carece de información precisa en ciertas áreas críticas. Aun así, Ecuacorriente advierte graves impactos, aunque no los trata a profundidad (en especial, los impactos provenientes del drenaje ácido de mina).
Son muchas las debilidades y falta de información en estos documentos, por ejemplo:
¿Cuantos metros cúbicos tendrán de agua tendrán que bombear diariamente?; ¿de que manera el agua será contaminada y qué tipo de tratamiento se le dará?; ¿dónde, cómo y en cuál cuenca se verterá el agua después del tratamiento?; y ¿cuál impacto tendrá esta agua adicional en la cuenca y comunidades humanas? (riesgos de inundación)
Ecuacorriente tampoco incluye en su EIA una lista de las especies potencialmente impactadas por su proyecto. Ni menciona qué tipo de contaminación y otros impactos sobre el ecosistema amazónico generará el uso de explosivos.
No se menciona que uno de los impactos sobre el agua provendrá de metales pesados, pero no dicen cuáles son esos metales, ni las cantidades sobre la línea base (para tener una idea de la magnitud de la contaminación).
Los intereses de CODELCO en el Ecuador
La empresa estatal Chilena CODELCO es una de las productoras de cobre más grande del mundo. En junio del 2009 CODELCO firmó un convenio de exploración minera con el estado Ecuatoriano. , "Estamos muy satisfechos con este paso que da inicio a una apuesta de desarrollo conjunta con el Gobierno de Ecuador", dijo el presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano (El Universo, viernes 5 de Junio 2009).
Este es el tercer acuerdo entre Chile y Ecuador en materia minera. En el 2003 se firmó el acuerdo de Cooperación minera entre el Gobierno del Ecuador y la república de Chile, luego, en el 2008 se concretó la creación de una compañía formada por la chilena Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y Petroecuador, para explorar y explotar hidrocarburos.
Actualmente Codelco está explorando en 11 puntos del territorio nacional, (ver mapa) una vez que Codelco determine su interés en una o algunas de las propiedades mineras, se constituirá una empresa de economía mixta junto con la empresa nacional minera ecuatoriana (Enami EP) en la que la firma chilena tendrá el derecho a adquirir el máximo de participación que pueda obtener.
Algunos antecedentes vergonzosos de CODELCO
En el 2008 CODELCO incorporó a la empresa estatal china Minmetals para explotar cobre en el proyecto chileno Gaby. Debido a la fuerte oposición del sindicato minero de CODELCO, este contrato tuvo que deshacerse. A modo de compensación por la salida de la China Minmetals del proyecto, CODELCO convino con Minmetals el desarrollo de actividades mineras en México Brasil y Ecuador. En estas vergonzosas condiciones ingresaría a operar la minera China al país, con el agravante de conocerse a la industria minera china como la más contaminante e insegura del mundo.
Los 100 años de experiencia minera de CODELCO se han dado en el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama. Sus operaciones en un país como Ecuador con una gran riqueza biológica y cultural constituyen un experimento perverso.
CODELCO ya estuvo en Ecuador con el interés de explotar cobre en el proyecto Junín, Cordillera del Toisan en Imbabura en el 1997. Esto llevó al dictador Pinochet a que en su visita a Ecuador en noviembre del 1997, pida garantías para la inversión del capital chileno en nuestro país. Por ello, el Ministro de Energía y Minas Álvaro Bermeo y de Defensa de aquel entonces propusieron la promulgación de un decreto ejecutivo para la militarización de las áreas donde las comunidades se resisten a la minería
Gracias a la oportuna intervención de las organizaciones locales, con las organizaciones sociales del Ecuador y las de Chile incluido el sindicato de CODELCO, la campaña de presión conjunta hizo desistir a la minera chilena de sus planes en Intag.
Lamentablemente, la iniciativa de proteger las inversiones mineras por medio de la militarización ha vuelto a ser una amenaza que pesa sobre las comunidades afectadas por esta actividad pues la Ley de Seguridad Pública aprobada en septiembre de 2009, establece en su Artículo 43 que el Ministerio de Defensa Nacional ante circunstancias de inseguridad críticas que pongan en peligro o grave riesgo la gestión de las empresas públicas o privadas, responsables de la gestión de los sectores estratégicos dispondrá a las Fuerzas Armadas, como medida de prevención, la protección de las instalaciones e infraestructura necesaria para garantizar el normal funcionamiento.
La situación en Intag
Por presión de las organizaciones de Intag hacia las autoridades nacionales, se logró la aplicación del Mandato Minero aprobado por la Asamblea Constituyente en abril de 2008, en 20 de las 25 concesiones previamente existentes en Intag.
Entre las concesiones que fueron revertidas al Estado están las llamadas “Golden 1” y “Golden 2”, donde se encuentran los yacimientos de cobre y molibdeno descubiertas por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional - JICA y la Corporación de Desarrollo Minero – CEDIGEM, por medio de Bishimetals en 1995.
Sin embargo, algunas concesiones se mantienen sin ninguna explicación oficial, como es el caso de “Magdalena1” que sigue inscrita a nombre de Ascendant Cooper, pese a que serían aplicables las mismas causales de reversión. Precisamente en esta última concesión es donde está asentada la población de las comunidades de Junín y Chalguayaco Alto, quienes se opusieron férreamente a la minería y ahora están imposibilitados de legalizar sus propiedades para acceder a créditos productivos o al programa socio bosque, en lo que parecería un ensañamiento contra estas poblaciones por su posición anti minera.
Desde el mes de octubre de 2009 se observa la presencia en este sector de personal de la empresa Shwarz & Drouet, que consta como prestadora de servicios petroleros. Aducen tener a propiedad de las tierras de Ascendant Cooper. Han procedido con las mismas prácticas clientelares de la minera, contratando personal para supuestos trabajos agrícolas y entregando regalos navideños y donaciones para los damnificados del incendio que consumió 9 casas en la parroquia García Moreno. Según se pudo conocer de personas que entraron a trabajar en esta empresa, existiría alguna conexión con la empresa CODELCO de Chile, lo cual no ha sido posible comprobar.
En enero de 2010, el Consorcio Toisán, organización de tercer grado que agrupa a las 10 principales organizaciones sociales, productivas y ambientalistas de Intag, entre ellas DECOIN, fue notificado del cierre unilateral por parte del Banco del Pacífico de las cuentas de ahorros de esta organización y de al menos 2 organizaciones más que tenían cuentas en dicho banco. De igual manera, a al menos 8 dirigentes/as vinculadas a las organizaciones les fueron cerradas sus cuentas de ahorros en el mismo banco. En la notificación se informó que en un plazo de 60 días serán cerradas las cuentas corrientes. Luego de haber solicitado las explicaciones respectivas tanto al gerente de la agencia Otavalo y de una de las agencias del banco del Pacífico en Quito, se nos notifica que la disposición viene directamente de la Vicepresidencia en Guayaquil y se basa en normas contractuales en las cuales el Banco puede proceder unilateralmente.
Finalmente, el lunes 25 de enero de 2010 se publicó en el diario el Comercio de Quito una nota de prensa en la cual claramente se manifiesta que el proyecto “Junín” se encuentra en los planes de la recientemente creada Empresa Nacional Minera (ENM) que trabajaría con un presupuesto de 30 millones y en alianza con CODELCO de Chile para explotar el cobre en las zona que fueron revertidas al Estado. Esto pese a que desde hace meses se decía insistentemente desde el Gobierno que el caso de Intag estaba descartado y que CODELCO se limitaría a trabajar en el sur del país. Sin embargo parecería que la falta de grandes yacimientos en los proyectos Chaucha y otros que han analizado, sería la causa de su repentino interés en Intag. Cabe destacar que ya anteriormente hubo interés de CODELCO en Junín, ante lo cual se realizaron varias acciones de prevención y alerta en los años 1999 y 2000.
Evidentemente estas constataciones evidencian una reactivación del interés del Gobierno por desarrollar la minería en Junín – Intag. Al parecer estarían trabajando de manera desvinculada del Ministerio de Recursos no Renovables, mediante un grupo ad hoc que rendiría cuentas directamente a la ENM o la Presidencia.
Esto estaría vinculado con una nueva serie de persecución a las organizaciones de Intag, esta vez atacando por el lado financiero. El desenlace de la utilización del Banco del Pacífico como una herramienta de persecución a las organizaciones que se oponen a la minería, está todavía por verse. Es probable, casi un hecho, que en los próximos días habrán novedades sobre el caso de las cuentas bancarias. Probablemente se estaría realizando una investigación de tipo tributario o respecto del origen de los fondos.
La posición de las nuevas autoridades locales, cantonales y provinciales, todas pertenecientes al partido de gobierno, es ambigua y pese a que se han mostrado opuestas a la minería en Junín, es muy probable que muchas de sus acciones estén encaminadas a aislar a las organizaciones y de esta manera facilitar la entrada del gobierno y el proyecto minero.
Minería de placeres de ríos
Desde hace más de un año, tal vez dos, estamos viviendo una especie de “epidemia” de minería ilegal de placeres de río. Hay evidencia de este procedimiento especialmente en los territorios AWA en el nor occidente de Esmeraldas y Carchi, en la cuenca alta del río Napo, y varios ríos de la provincia de Pastaza, Zamora y Morona.
Hace pocos días recibimos la denuncia de la fundación Río Napo sobre la suspensión del festival Río Napo. El mismo que se viene realizando desde hace varios años y tiene con fin la promoción del turismo en una zona de alto potencial.
Según se ha constatado y se evidencia en la denuncia de la fundación Río Napo, esta minería es totalmente ilegal, practicada por colombianos y nacionales informales, que probablemente responden a inversionistas que no dan la cara. Evidentemente no cuentan con concesiones, mucho menos con permisos ni estudios de impacto ambiental ni plan de manejo. A esto se suman organismos seccionales como municipios y gobiernos provinciales que también extraen materiales de construcción en los lechos de ríos. Estas ilegales acciones se extienden en varios frentes y no hay autoridades locales ni provinciales que puedan hacer algo al respecto.
La fundación Río Napo ha presentado las respectivas denuncias desde agosto de 2009 en el Ministerio de Minas, Dirección Regional de Minería de Pichincha, Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Calidad Ambiental y la Unidad de Control Minero. Ante la incapacidad del Estado de dar respuestas a esta problemática, los denunciantes prevén llevar su queja a instancias internacionales como la UNESCO, pues la zona fue declarada como reserva de la Biosfera Sumaco.
Este es un claro ejemplo de cómo las actividades extractivistas se desarrollan si ningún control ni regulación, por más que la ley así lo determine y de cómo estas acciones desplazan actividades económicas sustentables como el eco turismo, que por ejemplo en la cuenca alta del río Napo, tiene uno de los lugares más atractivos del mundo para los deportes de ríos como kayak o rafting, actividades que se han difundido entre la población y que ha generado varias empresas locales de turismo, la formación de cientos de guías nativos, hoteles, restaurantes, etc. Todas estas serán drásticamente afectadas por la suspensión de festivales y las consecuencias posteriores de la degradación de los atractivos turísticos naturales.
Nueva irrupción ilegal contra la naturaleza y los derechos humanos en la Amazonía
Ubicada en la Provincia de Pastaza, entre los cantones Pastaza y Arajuno, parroquias Curaray y Sarayaku. Huito se encuentra en medio de los territorios que forman parte de los bloques de extracción hidrocarburífera 42 y 10, a 40 Km desde la Vía 35 Puyo-Arajuno, en dirección este, siguiendo la rivera del Río Villano, y a un margen del río Liquino. El territorio donde se asienta la población de Huito es rico en diversidad de flora y fauna. En el río Liquino se han descubierto tres especies endémicas de peces; y en sus orillas, en el sector de Limón Cocha.
Los minerales de esta zona, tradicionalmente, han sido extraídos por las comunidades, lavando el oro en cubas, con fines artesanales. Sin embargo, hace unas tres semanas la comunidad de Huito se ha percatado de que una empresa fantasma se encuentra realizando trabajos de extracción del mineral, utilizando máquinas de dragado. Según las investigaciones hechas por los comuneros, esta empresa habría trasladado la maquinaria contratando el servicio de la empresa de aviación Ícaro en cinco ocasiones
Con el fin de evitar la ilegal extracción de oro de su territorio, los pobladores se han apoderado del combustible para impedir el funcionamiento de las dragas. Al momento se ha hecho la denuncia en el Ministerio de Recursos Naturales no renovables, entidad que se ha comprometido a enviar una delegación el día 12 de febrero, con el fin de investigar la extracción ilegal de recursos naturales.
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